Una idea que en España no vende

Cada vez que un coche quema un litro de gasolina emite unos 2,4 kilos de CO2. Gravar este dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, no es novedad. Buena parte del precio de los carburantes son impuestos y en España ya se recaudan por este concepto unos 12.000 millones de euros al año. A esto hay que sumar el IVA de los coches, los impuestos de matriculación y circulación, que suman otros 13.000 millones.

Por eso la idea de Francia de elevar el precio de la gasolina para pagar el CO2 no es revolucionaria. El impuesto francés supondría unos 3,3 céntimos de euros por cada litro de gasolina. El Gobierno español subió el pasado 12 de junio la tasa de hidrocarburos en 2,9 céntimos por litro de carburante.

La diferencia estuvo en el tono, en la forma. Aunque el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero anunció que subía los impuestos para cumplir los "compromisos para la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático", lo hizo con la boca pequeña. Un año y medio antes, el grupo de expertos que elaboraba el programa del PSOE en medio ambiente propuso crear un céntimo del clima, un impuesto sobre la gasolina de un céntimo de euro cuya recaudación iría a combatir el cambio climático. La idea fue desechada. En España -cuyos impuestos sobre los carburantes son un 19% más bajos que los de la UE de 15- esa idea no vende.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, en cambio, a lo mismo le ha llamado Contribución Clima. Su tributo además incluye que los ciudadanos pagarán por la calefacción de sus casas -entre 25 y 75 euros al año-.

Revolucionario

"Es revolucionario porque abre el debate de cómo cobrar a los ciudadanos, no por el impacto en sí de las medidas, ya que han rebajado las propuestas de la comisión de Jacques Delors", explica Jordi Ortega, profesor de la Universidad Carlos III y experto en economía del CO2.

El salto adelante de Sarkozy es abrir la puerta a cuantificar y cobrar por la emisión de los "sectores difusos", aquellos que no se pueden identificar uno a uno, como casas o coches. En España, las industrias ya pagan por el CO2 -hasta han hecho negocio al revender lo que recibieron gratis del Gobierno- y los consumidores abonan el que compran las eléctricas y que cargan en los recibos. El impuesto de matriculación de los coches también depende del CO2.

Quien sí intentó revolucionar el esquema fue Reino Unido, que planeó dar a cada ciudadano una tarjeta de crédito con su cupo de emisiones para gastarlo según fuera consumiendo. Lo abandonó por inviable.