La idea de un peaje a Garoña si sigue abierta gana fuerza en el PSOE

El debate en el PSOE y el Gobierno sobre la prórroga de la nuclear de Garoña ha tomado una nueva dimensión. Como punto de encuentro, los partidarios del cierre y los de su continuidad comienzan a manejar una idea: que si la central funciona más allá de los 40 años para los que fue diseñada no debe cobrar su electricidad al precio actual, y con el que sus propietarios, Endesa e Iberdrola, obtienen notables beneficios.

La idea sería retomar lo que en 2005 planteó Ignacio Pérez Arriaga en el Libro blanco de la electricidad y excluir la central del mercado eléctrico. Así, su retribución bajaría al estar ya amortizada e incluso se podría fijar que parte de sus beneficios fuesen a renovables. Este punto figura en el informe de la Fundación Ideas, del PSOE, y suavizaría el trago del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en caso de que finalmente prorrogue la vida útil.

Caldera y el autor del libro blanco plantean que la planta cobre menos

El informe de Ideas, la fundación del PSOE que dirige el ex ministro Jesús Caldera, pide el cierre de Garoña. Pero deja abierta una puerta: "Si en algún caso fuese necesario prorrogar la explotación de alguna central" habrá que "establecer un nuevo mecanismo de retribución" que "libere recursos económicos para fomentar la inversión de las nucleares en energías renovables". Marcel Coderch, uno de los expertos que colaboró en el informe, explica: "Sólo faltaría que se prorrogara y ganaran las eléctricas con cargo a la factura de la luz tras amortizar la planta con dinero público".

El planteamiento lleva a la práctica el discurso de que la nuclear es una energía de transición mientras se instalan las renovables. "Es la única forma de vender la prórroga a la opinión pública. Si no sería regalarles a las eléctricas unos beneficios caídos del cielo", explican fuentes del sector próximas al Gobierno.

Zapatero anunció que cerraría las nucleares al cumplir la vida útil salvo "necesidades energéticas imperiosas". Pero Garoña sólo produjo el año pasado el 1,35% de la electricidad en 2008 y una central de gas de las que están casi paradas podría sustituirla.

Pérez Arriaga explicó ayer a este diario: "Si hay que prorrogar Garoña es un buen momento para revisar el sistema de retribución para conseguir un equilibrio entre las eléctricas y los consumidores". Y destacó que si Garoña sigue con la actual retribución, sería muy difícil imponer un cambio al resto si dentro de 10 años reciben permiso para funcionar más allá de 40 años. Arriaga negó también que el cierre de Garoña encareciera el recibo de la luz: "Ocurriría que el consumidor pagaría lo mismo pero algunos ganarían mucho menos". El autor del Libro Blanco pidió en 2006 en la mesa de diálogo sobre la energía nuclear que si se prorroga la vida de las centrales "se traspase a los consumidores parte del margen de operación que estas centrales puedan obtener".

Actualmente, cada nuclear cobra la electricidad que produce al precio de la central más cara que funciona en ese momento. Esto las hace enormemente rentables. Por eso, aunque ninguna eléctrica se ha metido en los inciertos costes de intentar construir una nuclear, todas defienden alargar la vida útil. Garoña, la central más pequeña de España, tuvo una cifra de negocio en 2008 de 257 millones de euros.

Por eso Endesa e Iberdrola han invertido sin reparos para conseguir la renovación. La central invirtió 19,1 millones en 2008 y prevé 17,7 este año y otros tantos hasta 2011. El plan que acordó con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es cumplir en 2013 los requisitos de seguridad que EE UU pide a nuevos reactores.

Tanta inversión parece haber convencido al CSN, que ayer comenzó la última ronda de plenos para decidir si la central es segura para funcionar 10 años más. El informe del CSN sólo es vinculante si es negativo o en las condiciones de operación que fije. El pleno se dio un día más y lo más probable es que apure el plazo para enviar su dictamen al Ministerio de Industria el viernes. Tanto, que podría llegar a hacer pública su decisión el lunes, con lo que el tema de Garoña quedaría fuera de la campaña electoral.

Los cinco consejeros (dos propuestos por el PSOE, dos por el PP y uno por CiU) no tienen grandes diferencias y está cerca un acuerdo unánime, según las fuentes consultadas. El CSN se inclina por avalar la fiabilidad de la central si renueva equipos e invierte en seguridad y la discusión se centra en cómo establecer los plazos de inversión y cómo asegurarse de que la central cumple lo acordado. Los consejeros revisan la norma internacional aplicable para estas centrales, pues ninguna nuclear en España ha superado los 40 años de vida.