Los imputados de la clínica Isadora se niegan a declarar ante el juez por defectos procesales
Sus abogados interponen un recurso de reforma por no informar a sus clientes del objeto de la acusación
Médicos de la clínica Isadora de Madrid, acusados de practicar presuntos abortos ilegales, se han negado hoy a prestar declaración en el titutlar del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández. Los responsables de la clínica, Javier Hidalgo y Salim Zakaria, y a la psiquiatra Sara Moreno, siguiendo las recomendaciones de sus abogados, han esgrimido para no declarar la falta de información del objeto y origen de la imputación por un presunto delito de aborto ilegal.
En el recurso presentado por los abogados de la clínica se impugna la providencia dictada por el juez Sierra en la que se citó a los imputados, al estimar que es "nula de pleno derecho" al infringir el derecho de sus clientes a la información de los hechos concretos por los que han sido llamados a declarar como imputados.
La resolución del escrito podría posponer las declaraciones de los imputados circunscritas en las presuntas irregularidades detectadas en el centro en la retirada de residuos humano y biosanitarios. Las diligencias practicadas hasta ahora por el juez se limitaban a la recogida de más de una veintena de historias médicas de las mujeres que acudieron a la clínica el pasado año, las cuales ya han declarado como testigos ante la Guardia Civil.
Al margen de las comparecencias, los letrados de Isadora exigen al titular del Juzgado número 47 que interrumpa la toma de declaracones por parte de la Guardia Civil a las mujeres que abortaron en el centro.
Denuncia de La Vida Importa
Este procedimiento arranca a raíz de una denuncia presentada el 9 de junio de 2006 por la plataforma antiabortista La Vida Importa ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura.
La denuncia motivó la apertura de una investigación en febrero de 2007 por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), que verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que practicaba abortos ilegales.
El SEPRONA envió a la Guardia Civil los datos recabados, que a su vez los remitieron al juez. La causa cayó en un principio en el Juzgado número 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entró en reparto al Juzgado de Sierra Fernández.
