La información como derecho accesible

El 25 de julio de 1992 arrancaban en Barcelona los XXV Juegos Olímpicos. Un acontecimiento a recordar, en el ámbito doméstico, por el reto que supuso diseñar métodos, procedimientos y herramientas que permitieran integrar el tratamiento de las informaciones de todas las instituciones co-responsables de la seguridad de tan delicado evento. Presidir su Comisión de Informática y Comunicaciones de la Seguridad Olímpica constituyó, para el que suscribe estas líneas, la definitiva inmersión en un concepto que, con el devenir de los años y la difusión de las tecnologías, ha pasado a ser moneda común en la gestión de las organizaciones: "la información como un bien y un derecho accesible a todos los que la necesiten y estén autorizados".

De ahí la inversión de las empresas, en el convencimiento de que no es posible la eficacia sin la ayuda de un tratamiento unificado e integral de los datos que recibe, remite, elabora o procesa. ¿Sucede lo mismo en las Administraciones Públicas? Sería muy injusto por nuestra parte afirmar aquí que las AAPP no están poniendo de su parte para estrechar la brecha entre lo real y lo deseable. Tan injusto como negar que, pese a las energías y la voluntad de los gobiernos, queda mucho camino por recorrer.

Un buen ejemplo: el esfuerzo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria hace desde hace años para incorporar, con innegable éxito, los medios tecnológicos a su quehacer diario, tanto en su aplicación interna, como en sus relaciones con empresas y contribuyentes. Sin embargo, hay casos en los que la mejora es más que evidente. Por ejemplo, y en relación con la Administración de Justicia, permanecen en nuestra retina esas enormes pilas de legajos invadiendo las Oficinas Judiciales. Miles de papeles, de sentencias, autos, procedimientos, que pueden encerrar -y no es retórica- la diferencia entre la libertad y la cárcel; la justicia o la injusticia.

Y la solución, en muchos casos, no es difícil. Eliminar metros cúbicos de papel acumulado sobre las mesas de los funcionarios -o, peor aún, extraviados bajo los faldones de un sofá- no es más que optar, por ejemplo, por la digitalización de documentos con plenas garantías legales. ¿Para cuándo, por tanto, una oficina judicial sin papeles, primer eslabón hacia esa e-Justicia que nuestras leyes procesales ya han apuntado? Ha llegado el momento de, sin merma de la rigurosidad exigible, tomar decisiones valientes e imaginativas que coadyuven a colocar a nuestro país en el mismo lugar de eficacia que en lo económico ya posee.

Carlos Galán es doctor en informática y abogado.