Los inspectores valencianos se niegan a ser "comisarios políticos" en las aulas

La conflictiva puesta en marcha en las aulas valencianas de la versión inglesa de Educación para la Ciudadanía (Education for Citizenship) -ideada por el Gobierno que preside Francisco Camps tras manifestarse el PP "en contra de esta asignatura y especialmente de su contenido doctrinario"- ha puesto contra las cuerdas al cuerpo autonómico de inspectores, que tiene el preciso encargo de "evaluar y controlar" que la materia se dé en la lengua de Shakespeare en todos los institutos de secundaria. La Asociación de Inspectores de Educación del País Valenciano (Adide), que agrupa a 40 de los 123 profesionales valencianos, denunció ayer en un manifiesto, acordado en asamblea el miércoles pasado, su rechazo a "asumir funciones como comisarios políticos al servicio de ninguna ideología política, sea del signo que sea".

Como "funcionarios técnicos en educación", los miembros del servicio de inspección han de "asesorar y garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos", y "cualquier otro uso que se quiera hacer de su trabajo atenta contra su profesionalidad e imparcialidad", reza el manifiesto.

El pronunciamiento revela el "profundo malestar" que hay en buena parte del cuerpo autonómico de inspectores de Educación con las "instrucciones" dadas por el Servicio Central -tanto por escrito como de manera verbal- para que se empleen a fondo en la caza de profesores, equipos directivos o claustros docentes que se hayan declarado rebeldes y pretendan dar la clase en valenciano o castellano, cosa que, en la práctica, ocurre en la inmensa mayoría de los institutos. Adide, sección autonómica de la organización mayoritaria de inspectores de España, que agrupa a un millar de funcionarios, subraya que ésta es una asignatura más que se tiene que impartir "obligatoriamente", "y la inspección tiene que velar y garantizar su cumplimiento como en el resto de asignaturas

".

La asociación profesional de inspectores recuerda a la Administración educativa -que ha emitido reiteradas resoluciones para imponer su Citizenship en inglés- que ni los profesores ni los alumnos tienen ni el nivel de comprensión escrito ni oral en inglés para poder desarrollar una materia tan abstracta y basada en los derechos humanos y la Constitución.

Los inspectores -en su calidad de "funcionarios técnicos de Educación"- insisten en que "están a favor de ir vehiculando algún área curricular en una lengua extranjera". Pero Adide entiende que debe hacerse "progresivamente" y con "una normativa que tenga muy presente la autonomía de los centros para diseñar sus proyectos educativos, su modelo organizativo, su metodología y las infraestructuras -personal y material- dedicadas a ello".

Sin embargo, la orden del Gobierno valenciano, que desde julio está parcialmente suspendida de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia, precisamente pretende obligar a todos los centros educativos (sin mediar consulta) a dar Ciudadanía en inglés o, en su defecto, utilizar dos profesores simultáneamente (uno de ellos para traducirla o vehicularla en inglés).