_
_
_
_
_

Los jueces deniegan el 21% de las órdenes de protección pedidas por maltratadas, según AI

La ONG denuncia además la casi total ausencia de control en el cumplimiento de estas órdenes y la "permisividad" policial cuando se quebrantan

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado hoy, en un informe basado en testimonios de decenas de víctimas de violencia de género en España, 20 obstáculos que aún afrontan estas mujeres debido a la falta de apoyo en el ámbito asistencial, judicial y policial para escapar del agresor, proteger su vida y rehacerla. Uno de los principales problemas está en las órdenes de protección. El 21% de las medidas de este tipo solicitadas por mujeres maltratadas es denegada por los jueces. La ONG critica además la casi total ausencia de control en el cumplimiento de estas órdenes y la "permisividad" policial cuando se quebrantan. A pesar de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, AI considera que los recursos destinados son muy inferiores a los que requiere la norma, al tiempo que pone de manifiesto la mayor desprotección que sufren colectivos como inmigrantes indocumentadas, gitanas, discapacitadas o mujeres con alguna enfermedad mental o con algún tipo de adicción.

La ONG calcula que hay dos millones de maltratadas en España y que sólo el 5% denuncia
Más información
AI denuncia malos tratos y torturas racistas en España tras el 11-M

El informe se ha presentado hoy en todo el mundo y se enmarca dentro de la campaña mundial iniciada por Amnistía en marzo de 2004 sobre violencia de género, que incluye la movilización de dos millones de activistas de esta ONG para pedir al Gobierno español que cumpla con sus compromisos internacionales, "no sólo sobre el papel sino en la práctica". El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, y la responsable del área de mujer, María Naredo, han explicado que la elección de España obedece a que registra un "aumento sostenido" de esa violencia, a que existe una "preocupación internacional" por este país y a que se está en fase de elaboración del Reglamento de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

En 2004, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU alertó a España de la prevalencia del problema de la violencia contra la mujer y sobre el aumento de los asesinatos (en los tres últimos años han muerto casi 200 y en 2005 suman ya 19); una preocupación compartida por el Consejo de Europa. Según Beltrán, en España hay más de dos millones de mujeres que sufren violencia de género y sólo un 5% denuncia. El informe, titulado España: más allá del papel. Hacer la realidad la práctica y la justicia para las mujeres ante la violencia de género en el ámbito familiar, se basa en una investigación realizada por AI durante año y medio para analizar el recorrido de las víctimas en busca de ayuda.

La ayuda de 300 euros no se recibe

Entre las barreras que afrontan estas mujeres, Beltrán y Naredo han citado la dificultad de acceder a centros de acogida por la escasez de plazas, de modo que en ocasiones son derivadas a pensiones o centros de indigentes. Es aún más complicado lograr plaza sin denuncia previa, si la mujer tiene un hijo varón de 12 o más años (no se acepta su entrada, sí en el caso de las niñas), cuando arrastra un problema de adicción o si es una inmigrante en situación irregular. Según los responsables de AI, acompañados por una portavoz de la asociación Miriadas, Alicia Narciso, "no todas las mujeres reciben la ayuda de 300 euros mensuales fijada en la orden de protección" y, cinco meses después de aprobarse la Ley Integral, "las facilidades de empleo y vivienda siguen sólo sobre el papel".

Beltrán ha considerado "increíble" que en el 80% de los procesos judiciales en esta materia "las mujeres no tengan abogado". Otro obstáculo "muy preocupante" es el rechazo que están registrando las mujeres que piden órdenes de protección, que la ONG cifra en el 21% del total de órdenes solicitadas. Esta cifra asciende al 31% en el País Vasco, en Andalucía se deniega el 17,5%, mientras que en Cataluña el 19,2% y en Castilla y León el 23,5%. Pero una vez lograda la orden, tampoco garantiza mucho. Según la ONG, se produce una casi ausencia de control en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y la "permisividad" de cuerpos y fuerzas de seguridad cuando la medida es quebrantada (en 2004 murieron diez mujeres con Orden de Protección).

Beltrán, Naredo y Narciso han considerado contraproducente que la víctima declare en presencia de su agresor en la misma sala del juzgado -queda al arbitrio del juez- y han criticado que la Ley Integral no haya introducido la protección de testigos. En el ámbito judicial, Amnistía considera que la celebración de juicios rápidos en estos casos no permite, por falta de tiempo, establecer las pruebas o demostrar la existencia de "violencia psicológica". A ello se añade "el prejuicio" de algunos jueces, que han desestimado demandas "por el aspecto físico de la denunciante", y la actitud a veces poco diligente de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el momento en el que una mujer pone la denuncia.

El director de AI en España, Esteban Beltrán, durante la presentación del informe sobre la violencia doméstica.
El director de AI en España, Esteban Beltrán, durante la presentación del informe sobre la violencia doméstica.EFE

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_