Un juez anula el atajo legal de las eléctricas para instalar molinos

Uno de los mayores proyectos de energía eólica previstos en España -la construcción de más de 366 aerogeneradores en una zona protegida para las aves en la vertiente leonesa de la cordillera cantábrica- tendrá que esperar.

El juzgado número 2 de lo Contencioso de León ha dado la razón a la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife) y a la asociación Urz y ha anulado el primero de los 13 miniparques en los que se dividía el proyecto y con los que las eléctricas y la Junta de Castilla y León intentaron eludir una declaración de impacto ambiental completa.

Dividir los proyectos es más que habitual pero la justicia comienza a poner coto a esta práctica, con la que las empresas eluden la tramitación ambiental y además ganan más dinero por la prima por el kilovatio generado.

Los montes de Murias, Riello o Igueña (León) sentían ya el aliento de los molinos de viento. Entre 2001 y 2006, la Junta de Castilla y León autorizó al menos 13 parques eólicos prácticamente contiguos. Ninguno superaba los 50 megavatios de potencia instalada ni tenía más de 60 molinos. Por separado no eran una amenaza para los urogallos y demás especies protegidas que sobrevuelan Omañas, el Valle de San Emiliano y el Alto Sil, espacios protegidos para las aves por la UE.

Por eso, la Junta de Castilla y León les aplicó una declaración de impacto ambiental simplificada y les fue dando el visto bueno. A partir de 50 megavatios, la declaración de impacto ambiental es competencia del Gobierno, debe ser en teoría más rigurosa y las eléctricas no cobran la subvención de la energía renovable.

La Sociedad Española de Ornitología y la Asociación para el Estudio y la Protección de la Naturaleza (Urz) comenzaron a recurrir la aprobación de cada uno de los parques eólicos. Primero recurrieron a la Junta -que hizo oídos sordos- y luego a la justicia. El pasado lunes, el titular del juzgado número 2 de lo Contencioso de León, Francisco Javier Muñiz, dictó la primera sentencia sobre el parque cuya tramitación iba más avanzada: Murias II, propiedad de Endesa. La sentencia anula la aprobación de los 44 aerogeneradores que, según los ecologistas, se encuentran a menos de dos kilómetros de un cantadero de urogallo.

El texto destaca que sólo por estar en zona protegida ya debía haberse aprobado según una declaración de impacto ambiental completa y por eso anula el plan. Pero además, critica: "Es consustancial a los parques eólicos su carácter unitario, de modo que los aerogeneradores necesariamente han de compartir, además de las líneas propias de unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y unas infraestructuras comunes de distribución o transporte de electricidad, de tal suerte que no es posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque eólico".

El abogado de los ecologistas y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León Carlos González Antón señala que "lo lógico es que caigan de la misma forma el resto de parques eólicos, ya que la tramitación es igual y tienen un vínculo común".

Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de Endesa. Un portavoz de la Asociación Empresarial Eólica admitió que es frecuente la fragmentación, principalmente para poder acceder a la prima a la electricidad eólica, a la que legalmente no pueden acogerse los parques de más de 50 megavatios. La Administración conoce y tolera la situación. Además, es frecuente que las empresas soliciten muchos más permisos de los que luego les permiten instalar, porque podrían saturar la red. Los 366 molinos suman unos 400 megavatios de potencia y se convertirían en uno de los mayores proyectos del país.

España es líder en energía eólica, con casi 600 parques eólicos aprobados. El pasado mes de marzo por primera vez la producción de electricidad con energía eólica fue superior a la producida con carbón y supuso el 16,7% de la electricidad total, lo que ahorra emisiones de gases de efecto invernadero y reduce la dependencia energética del exterior.

La plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica señala que este grupo de parques está, junto con la estación de esquí de San Glorio, entre las mayores amenazas para la cordillera. Los jueces han frenado ambos.