El juez archiva el caso de las sedaciones de Leganés

El Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés ha sobreseído la causa contra ocho médicos del hospital Severo Ochoa de esa ciudad madrileña por la supuesta sedación irregular a 15 pacientes terminales, que murieron poco después de recibir el tratamiento. "Se ha practicado mal la Medicina, pero no consta que las muertes sean consecuencias de ello", dice el juez, que no ha encontrado elementos suficientes para determinar si los fallecimientos se debieron "a la la sedación indebida o a su enfermedad inicial".

Los hechos juzgados se remontan a 2003, pero salieron a la luz pública dos años después. En marzo de 2005, la Consejería de Sanidad del Gobierno regional de Madrid destituía a la cúpula del hospital Severo Ochoa de Leganés, a raíz de una denuncia anónima sobre "una práctica de eutanasia masiva" con hasta 400 supuestos casos de homicidio. El consejero, Manuel Lamela, dio credibilidad a la denuncia. En el centro del huracán se situó al coordinador del servicio de Urgencias, Luis Montes.

Montes ha afirmado sentirse "muy bien, relajado y tranquilo" tras conocer el sobreseimiento del caso. Montes ha dicho que "es un poco prematuro todavía y hay que estudiar el auto" de sobreseimiento del caso, si bien ha reconocido que "lo que le pide el cuerpo es acudir a los tribunales" por la "terrible campaña" que, a su entender, se ha organizado contra su persona y el centro hospitalario.

Sin embargo, los servicios de inspección de Sanidad de la comunidad sólo detectaron fallos administrativos, sin poder establecer que hubiera malas prácticas médicas en el tratamiento de los enfermos. Poco después, Lamela presentaba un informe sobre la investigación que cifraba en 73 las sedaciones irregulares llevadas a cabo en el hospital entre septiembre de 2003 y marzo de 2005. El consejero veía indicios de responsabilidad penal en los médicos. La Fiscalía de Madrid examinó estos casos, y concluyó que sólo 16 merecían ser investigados por ver si se había incurrido en algún delito.

La familia de uno de los pacientes, un carpintero jubilado de 78 años, presentó una querella por supuesto homicidio imprudente que ingresó en situación agónica terminal en 2003 y falleció horas después, habiéndosele aplicado una sedación. La familia aseguraba que había ingresado "casi andando y salió muerto"; Sanidad lo consideró uno de los casos más claros de sedación contraindicada. El Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés archivó el caso por "falta absoluta de indicios". La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el fallo, apoyándose en un informe del Colegio de Médicos de Madrid, que estableció que no había quedado probada la relación entre las sedaciones estudiadas y la muerte de los pacientes.

Sin embargo, el mismo juzgado de Leganés ordenó el pasado mes de junio al hospital que le entregara los datos de los médicos que aplicaron las sedaciones a los otros 15 pacientes terminales para citarlos como imputados. Dos meses después, los doctores comparecían ante el juez para declarar. Montes afirmó que ahora los pacientes terminales que son tratados en Leganés "sufren más", debido al cambio "muchísimo y para mal" de las prácticas de sedación tras su destitución.

El juzgado considera ahora que, tras escuchar las declaraciones de los médicos y examinar las pruebas presentadas por las partes, las pesquisas "parecen agotadas y no deben ir más allá", pues no sería posible en ningún caso encontrar "elementos para responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones".