La juez deberá identificar a las que abortaron con Morín

El derecho de defensa por encima de la intimidad más personal. La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la juez que investiga los abortos realizados en las clínicas del doctor Carlos Morín que revele la identidad de las pacientes porque así se garantiza mejor el derecho de defensa de los médicos y personal sanitario que están imputados en el proceso. Por este caso llegaron a ser imputadas cerca de 200 mujeres, pero la juez ha ido retirando la acusación contra ellas al considerar que no eran conscientes de que el centro donde abortaron incumplía la legalidad.

El tribunal de la Sección Novena utiliza un tono agrio para referirse a la magistrada Elisabet Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, y le recuerda que "es la tercera vez que se pronuncia y resuelve acerca del secreto de las actuaciones". La resolución asegura que el modo de actuar de la juez es "censurable" e infringe la ley.

Cuando se empezó a instruir la causa por presuntos abortos ilegales en las cuatro clínicas del grupo Ginemedex-TCB, la juez otorgó la calidad de testigos protegidos a más de 150 mujeres abortistas y las imputó en la causa después de que prestaran declaración ante la Guardia Civil, que se llevó 2.780 expedientes de los abortos practicados en 2007. Casi todas esas mujeres han ido siendo exculpadas en las últimas semanas por la juez, si bien la Audiencia de Barcelona les sigue dando, por error, esa condición jurídica. El pasado 7 de marzo la juez levantó el secreto de sumario, pero mantuvo secreta la identidad de las mujeres "ante el temor de eventuales represalias".

Fuentes judiciales explicaron que es más que probable que aprovechando ese desliz de la Audiencia, la juez instructora se niegue a revelar la identidad de las mujeres. La fiscalía de Barcelona siempre ha apoyado esa decisión y ayer recordaba que los abogados defensores ya han tenido acceso a todo el sumario, incluidas las historias clínicas, pero sin la identidad de las mujeres.

El presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, calificó ayer de "horrible y una mala noticia" la decisión de la Audiencia de Barcelona. En su opinión es un "atentando contra el derecho a la confidencialidad".