Un juez indaga si hay negligencia del Estado en 36.000 casos de pospolio
Los afectados aseguran que carecen de atención ante un síndrome que les incapacita
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto una investigación para determinar si hay "negligencia" o "irresponsabilidad" por parte de las autoridades en la atención prestada a los ciudadanos con síndrome pospolio. Este síndrome es un empeoramiento que sufren las personas con poliomielitis a los 30 años de la infección, y consiste en un debilitamiento y la aparición de nuevos dolores y problemas motrices. Un estudio del Instituto de la Salud Carlos III -dependiente del Ministerio de Sanidad- de julio de 2002 cifró en 36.000 los posibles casos en España.
La querella fue presentada por la asociación Afectados por Polio y Síndrome Pospolio. El abogado de la asociación, Manuel Ollé, ha explicado que se trataba de una acción "indeterminada" (no va contra personas concretas), por ello fue rechazada en principio por el tribunal, dice Ollé. "Se trata de un sistema nuevo, pero posible. Lo que le decimos al juez es que investigue; nosotros no queremos señalar a nadie".
"Hace años que se sabe que existe este síndrome y no se ha hecho nada", afirma la presidenta de la asociación, Lola Corrales. "Desde que se describió el síndrome a finales de los años noventa, las autoridades podían haber tomado medidas para reconocer esta nueva enfermedad o, por lo menos, para paliar sus efectos, como por ejemplo el empeoramiento en la movilidad que ha llevado a que algunos hayan tenido que dejar de trabajar", añade Corrales. Javier Coba, especialista en medicina del trabajo, ha explicado que el síndrome posterior a la polio "se presenta 15 o 40 años después de la aparición de la enfermedad" y ha remarcado que "la recaída se manifiesta en un decaimiento físico general, dolor intenso y problemas musculares que hacen difícil una vida normal".
"La querella se ha puesto, para empezar, por lo que las autoridades no han hecho", según Corrales. "No se ha informado a los afectados, ni a los médicos, ni se ha investigado". Ello ha supuesto que cuando las personas han sido afectadas por el síndrome "muchos de los médicos no han sabido qué hacer", afirma, "con algunas excepciones".
Con el proceso judicial abierto los afectados piden, "lo primero, que se repare la injusticia" que han sufrido, al verse privados "de la atención necesaria, cuando desde finales de los noventa se sabía que existía este síndrome", apunta la presidenta de la asociación. Lo segundo, "que se sepa lo que está pasando. Todos tienen que saber que una persona que contrajo polio hace 30 años puede empeorar y que este empeoramiento es real". Y lo tercero, que se reconozca la enfermedad y se habiliten medidas, "sanitarias, pero también laborales y sociosanitarias". "Hay personas que como consecuencia del síndrome han perdido el trabajo o tienen problemas con la familia. Imagínate lo que es creer que ya tienes esto superado y encontrarte de repente con un empeoramiento que nadie sabe explicarte y que no te ayudan a combatir. Entonces, la gente se viene abajo", apunta Corrales.
Para los afectados, su abandono viene de lejos. "La mayoría de los miembros de la asociación contrajeron la polio después de la existencia de la primera vacuna eficaz, la de Jonas Salk en 1955. Durante la dictadura, sólo se vacunó a los económicamente afortunados y a los cercanos al poder. La vacuna oral, desarrollada por Albert Sabin en 1961, no se aplicó en España hasta la primera campaña nacional de vacunación en 1964. La propia Administración sanitaria reconoce que hasta 1977 no se alcanzó a toda la población infantil", añade Corrales.
Una portavoz del Ministerio de Sanidad ha manifestado que ni en el departamento ni en el Instituto Carlos III había noticias de la tramitación de esta denuncia.
La batalla tiene otro frente abierto en Barcelona, informa Efe. El colectivo de abogados Ronda ha asegurado que "luchará en los tribunales para que la Seguridad Social reconozca la existencia del síndrome pospoliomelítico y conceda pensiones de invalidez". El abogado del grupo, Jaume Cortés, afirma que la Seguridad Social se ampara en que "la polio se manifiesta antes de la edad laboral" para "denegar las solicitudes de pensión de invalidez", sin tener en cuenta que "el síndrome posterior se manifiesta tras varios años de latencia de la enfermedad".
