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La ley de Internet limita la potestad de los jueces para cerrar páginas 'web'

R. G. G. - Madrid - 01/10/2007

 
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La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), conocida como la ley de Internet, afronta el último trámite parlamentario como empezó: envuelta en la polémica sobre los órganos competentes para cerrar páginas web. La Asociación de Internautas (AI) cuestionó ayer los efectos de una de las enmiendas transaccionales presentadas la semana pasada por el Grupo Socialista, según cual solo los jueces podrán cerrar páginas electrónicas cuando sus contenidos choquen con la libertad de expresión e información.

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La AI cree que con las modificaciones incorporadas en el Congreso se da luz verde a que las web "puedan ser cerradas sin necesidad de autorización judicial". El texto reabre las heridas que causó el controvertido artículo 19.bis, que permitía a las entidades de gestión de derechos clausurar, sin orden judicial, las páginas que vulneraran la propiedad intelectual.

Eso implicaba que entidades como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) o Promusica (productores musicales) actuaban como jueces. Pero el Ministerio de Industria les retiró tales prerrogativas y devolvió las atribuciones a los tribunales. Ahora, el nuevo artículo afirma que "los únicos órganos competentes para restringir publicaciones, textos, imágenes, grabaciones audiovisuales o cualquier otro medio de información al que se acceda por medios electrónicos que afecte a los derechos y libertades de expresión y de información de los ciudadanos serán los Juzgados y Tribunales".

Para la AI, la nueva redacción hace que la ley sea "inviable" porque "no dice cuáles son los casos, ni cuál es la autoridad competente, ni el procedimiento, ni el ámbito de aplicación" para clausurar direcciones de Internet.

La ley también considera "universal" el servicio de conexión a la banda ancha, independientemente de la tecnología utilizada o la ubicación de los usuarios. Y pone como fecha el 31 de diciembre de 2008 para que se alcance la cobertura que exige la normativa comunitaria.


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