La ley antitabaco vasca abre la puerta a limitar el espacio para fumadores en los campos de fútbol
Aprobada la norma con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto UPyD
La ley antitabaco vasca ha recibido el visto bueno de la Cámara vasca en el Pleno celebrado esta mañana. La nueva legislación, que ha sido rebajada en su trámite parlamentario ya que nació con vocación de ser más restrictiva que la nacional, ha sido aprobada por todos los grupos parlamentarios excepto UPyD, que también se opuso a la normativa estatal que entró en vigor el 1 de enero.
El texto recoge aspectos muy similares a la ley española, como reservar el 30% de habitaciones de hotel para fumadores, pero también incluye novedades, como la de abrir la puerta a delimitar el espacio para fumadores en lugares como un campo de fútbol. Y es que la ley que se ha aprobado establece que deberán crearse zonas específicas para fumadores. "Cuando [las instalaciones deportivas o los lugares donde se desarrollen espectáculos públicos] se encuentren al aire libre y no se desarrollen actividades prioritariamente dirigidas a menores, sólo se podrá fumar en el espacio o localidades específicamente habilitados para ello", reza el texto aprobado esta mañana.
Algunos parlamentarios encargados de la elaboración del dictamen sobre la ley han remarcado que este punto viene a abrir un debate sobre estos espacios, con el ánimo de hacer que la norma sea consecuente con otras prohibiciones que sí especifica. Sin embargo, el texto está abierto a interpretaciones, ya que no establece plazos para la consecución de esta medida ni impone unos mínimos para no fumadores, por lo que cabría establecer todo el espacio para quienes sí consumen tabaco.
La norma también recoge, en tres artículos diferentes, la realización de informes sobre el impacto económico que tendrá a nivel general y, específicamente, en el ámbito hostelero. Uno de ellos exige realizar una evaluación del impacto en este sector al cabo de un año, otro solicita lo mismo para dos años después de su puesta en marcha y un tercer artículo establece que el Gobierno deberá presentar todos los años durante los próximos cinco un informe más general sobre la implantación de la ley.
