La ley de dependencia se atasca entre comunidades y ayuntamientos

La ley de dependencia no acaba de despegar y eso que todos los grandes discapacitados deberían estar recibiendo sus ayudas desde el año pasado. Por poner un sólo ejemplo, de los 235.000 habitantes que tiene el Ayuntamiento de Elche (Alicante), 2.530 han solicitado una ayuda hasta ahora, pero sólo la han recibido 15 personas.

Lo dice su alcalde, Alejandro Soler, que se queja de la "dejadez" de la Generalitat valenciana. Las comunidades tienen las competencias para poner en marcha la ley, pero ninguna de ellas ha desarrollado un protocolo que dé participación a sus ayuntamientos, algo que aligeraría los trámites y la burocracia. "Ninguna", dice con rotundidad el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

Los alcaldes están a la espera de que las regiones se decidan a repartir juego a las corporaciones locales, sobre todo en los municipios más poblados, que están destinando buena parte de sus presupuestos a parchear carencias de sus ciudadanos sin competencia para ello.

La ley de dependencia regula en su artículo 12 la colaboración de los ayuntamientos. Dice que "participarán en la gestión de los servicios de atención a los dependientes, de acuerdo con la normativa de las comunidades autónomas". Pero esa normativa no existe. "Puede haber ejemplos aislados de convenios que se hayan firmado con algunos pueblos, pero ninguna comunidad ha desarrollado normativa para implicar a sus federaciones de municipios en la puesta en marcha de la ley", sostiene Pedro Castro.

Los alcaldes se quejan de que son ellos los que reciben directamente la presión de sus ciudadanos en todo lo que tiene que ver con las políticas de bienestar social, incluida la educación y la sanidad. A todo ello se suma ahora la ley de dependencia. Las quejas, dicen, les están llegando y les pillan con las manos atadas a la espalda. "Estamos colaborando por voluntad propia, pero deberíamos tener más recursos para desempeñar un papel más activo", dice Alejandro Soler, alcalde de Elche. "Estamos dispuestos a asumir competencias siempre que estén reguladas y que se atribuyan por ley de una forma clara y específica. No podemos estar dependiendo del Gobierno de turno que haya en la comunidad", añade.

Pedro Castro afirma que el espíritu de la ley es "crear puestos de trabajo, hacer residencias geriátricas. Y eso ¿quién lo gestiona?", pregunta. Acusa directamente a algunas comunidades de "enmascarar" las ayudas que conceden. "No son acordes a la nueva ley, se dan con la infraestructura asistencial que ya tenían", asegura. "Pero, desde que está la ley, ¿qué han hecho? Con el dinero del Estado más el de las comunidades autónomas debían hacerse centros geriátricos, servicios. No hay nada", se queja. Dice que, salvo algunos asistentes sociales y personal técnico, los municipios no han recibido dinero alguno, pese a que son los ayuntamientos, chicos y grandes, los que están cumplimentando las primeras fases para recibir una ayuda, el papeleo primero.