La libertad de un pederasta obliga a sus víctimas a abandonar Mijas

La familia de Mijas (Málaga) que denunció a un vecino por abusar sexualmente de sus tres hijas menores de edad ha dejado su vivienda después de que el acusado quedara en libertad el viernes tras prestar declaración ante una juez de Fuengirola, que dictó una orden de alejamiento, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil ayer a EL PAÍS. Los familiares insisten en que la incomparecencia del ministerio público imposibilitó que la juez pudiera adoptar decisiones más contundentes contra el acusado. La Fiscalía de Málaga, sin embargo, sostiene que no fue convocada en ningún momento para formular la acusación y que por eso no acudió a la vista para solicitar medidas cautelares.

Fuentes de la Guardia Civil que investigan el caso han confirmado que la familia no está desde el viernes en su vivienda de la urbanización La Vega de Mijas, presumiblemente para evitar cualquier contacto con su vecino. Tanto los padres como las tres menores se han trasladado a otra residencia familiar que poseen en la capital malagueña. El padre de las menores denunció a la Guardia Civil el pasado día 17 a su vecino R. B. R., de 67 años, por abusar sexualmente de sus hijas, todas ellas menores (la mayor tiene 13 años).

El acusado es propietario de unas cuadras de caballos que, según fuentes de la investigación, frecuentaban las niñas, que pertenecen a una familia acomodada.

Tras realizar las pertinentes pesquisas y tomar declaración a las menores, el Equipo de la Mujer y el Menor (Emume) de la Guardia Civil de Málaga consideró que los hechos revestían gravedad, por lo que arrestó el pasado viernes al presunto pederasta, que fue puesto al día siguiente a disposición judicial. La juez de Fuengirola le tomó declaración y lo dejó en libertad. Pero dictó una orden de alejamiento de las tres menores.

La familia alega que la ausencia del fiscal motivó que la juez se viera obligada a dejar en libertad al presunto agresor. Sin embargo, un portavoz de la Fiscalía de Málaga negó ayer la versión de la familia y aseguró que si el fiscal no compareció fue porque nadie lo requirió.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anunció el pasado sábado la apertura de una investigación sobre lo sucedido. Hoy tiene previsto abordar la situación en una reunión interna.

Según la Fiscalía, fue la acusación de la familia denunciante la que solicitó la medida cautelar de la orden de alejamiento, por lo que la juez no convocó una vista en la que consultar al ministerio público.

El portavoz consultado explicó además que los presuntos abusos se produjeron hace más de un año y que la juez no consideró que fueran necesarias medidas excepcionales de urgencia, como el encarcelamiento del presunto pederasta.

Por el contrario, fuentes de la Guardia Civil aseguran que los presuntos abusos sí se remontan a hace más de un año, pero que no han sido un hecho aislado y se han sucedido en el tiempo. Lo que explica que la familia los haya denunciado ahora. La presunta continuidad de las agresiones ha provocado serias secuelas psicológicas en las tres hermanas menores.

La Fiscalía anunció ayer que en los próximos días el ministerio público se personará para formular acusación en el caso y pedir las medidas cautelares que estime necesarias.

Este asunto ha suscitado debate en medios de la judicatura. Hay expertos que opinan que la presencia del Ministerio Fiscal en un caso de presuntos abusos a menores tiene que producirse de forma automática, al margen de la petición de la familia, que no tiene por qué tener conocimientos legales.