El libro para ciegos, sin intercambio internacional
Adaptar a formatos accesibles La caída de los gigantes de Ken Follet cuesta unos 5.500 euros. Sin embargo, esa fortuna no se aprovecha más allá de España. Este libro no puede exportarse a, por ejemplo, Colombia.
Los países ricos rechazan levantar este límite al derecho de autor a nivel internacional para permitir la adaptación de obras a formatos accesibles (braille, audio, archivos digitales) entre organizaciones de discapacitados visuales de cualquier país. Solo 50 Estados contemplan algún tipo de limitación a los derechos exclusivos del autor en sus leyes, entre ellos España.
Brasil, Paraguay, México y Ecuador presentaron una propuesta de tratado, redactada por la Unión Mundial de Ciegos (UMC), a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 2008. El texto propone una excepción, que permita la importación y exportación entre países, para resolver el acceso al conocimiento de los discapacitados visuales, pero la situación es de enroque. Mientras África, Asia y América Latina lo apoyan; la UE, Estados Unidos, Japón y Suiza lo rechazan.
La UE garantiza a sus ciudadanos con minusvalía el derecho a acceder a las obras sin permiso del creador, pero rechaza esta flexibilización en el resto del mundo porque prefiere una recomendación no vinculante.
"La UE sugiere pactos bilaterales, país por país, entre ONG y sociedades de gestión. Nosotros queremos internacionalizar las mismas excepciones que hay a nivel nacional. La Ley de Propiedad Intelectual nos permite hacer libros accesibles, pero no dice nada de la exportación a terceros", explica Francisco Martínez, de los servicios bibliográficos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
La UMC trata de resolver "el intercambio de obras accesibles para optimizar recursos creando una excepción para las personas con dificultades con la lectura, sean ciegos o disléxicos", explica Pablo Lecuona, director de Tiflolibros.
Desde 1999, esta biblioteca argentina pone en común material adaptado producido en diferentes lugares. Sus 5.000 lectores de habla hispana disponen en Internet de 35.000 archivos de ordenador "para imprimir en braille o leer en pantalla" y 25.000 en audio. "Al no poder transferir el libro ni el archivo digital se duplican las adaptaciones con su sobrecoste".
La ONCE destinó 11 millones de euros en 2010 a transcribir al braille, grabar en sonido y/o adaptar en relieve textos, libros y publicaciones. En ocasiones solo para una persona, cuando podrían ser reutilizados por invidentes de otros países. "La UE no permite el intercambio, pero paga para esto en concepto de cooperación al desarrollo", explica Lecuona.
La propuesta de la UMC no pretende "la distribución masiva de materiales", dice Martínez, sino que se autorice a su organización, entre otras, a enviar un libro adaptado a un ciego de Perú o Estados Unidos. La Biblioteca del Congreso le pidió uno. "La respuesta fue no, porque los derechos de autor no lo permiten".
