La lista de espera quirúrgica baja a 61 días, la menor registrada

El tiempo medio que los españoles tienen que esperar para una operación está más bajo que nunca desde que existen datos: 61 días. Son dos días menos que el anterior registro y 14 menos que en la primera medición, en 2003. Sin embargo, hay un 2% más de pacientes esperando una intervención quirúrgica: 381.753.

En el lado negativo también están la espera para consultas: aumenta el tiempo medio (un día, hasta los 53); el porcentaje de pacientes que tienen que aguardar más de 60 días (tres puntos más, hasta un 36%) y asciende, ligeramente, el número de personas que esperan consulta (39,8 por cada 1.000 habitantes).

Son los datos sumados de las comunidades autónomas del pasado 30 de junio -menos Madrid-, que el Ministerio de Sanidad dio a conocer ayer en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en Santiago de Compostela. "Nunca estaremos satisfechos con las listas de espera, pero hay que reconocer el gran esfuerzo de las consejerías para reducir el tiempo medio, que sigue la tendencia decreciente desde 2004", recalcó la ministra Leire Pajín.

- No al copago. El consejo también trató otros asuntos, como la sostenibilidad del sistema. El debate, -"apasionado", según Pajín-, no aportó conclusiones claras, si bien la ministra rechazó el copago sanitario: "Antes de aplicarlo hay muchas medidas para mejorar la eficiencia del sistema". No aclaró cuáles son las líneas en las que se trabaja y que ayer se trataron.

- Ley antitabaco. Fuera del orden del día, se habló de la ley antitabaco, que entrará en vigor en enero. Según fuentes de la reunión, todas las comunidades autónomas apoyaron la medida y pidieron que se aplique lo antes posible. Lo que no está claro es qué versión de la ley apoyaron: si la que está ahora en el Senado, con la posibilidad de habilitar cubículos para fumadores que defiende el PP, si la que salió del Congreso, sin esa opción, o si cada partido interpretó que aprobaba la suya.

- Medicinas unidosis. Durante las más de tres horas de pleno, Sanidad presentó las medidas para implantar la unidosis de los medicamentos. El sistema, que según anunció la ministra estará en marcha en enero, pretende ahorrar unos 300 millones de euros, un 2% del gasto farmacéutico global. "El objetivo, además de ahorrar, es concienciar a la ciudadanía del uso racional de los medicamentos", señaló Pajín.

La medida pretende que no sea necesario comprar una caja entera si no se precisa. Pero lo más útil, según explicó el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, será la adecuación del tamaño de los envases a los tratamientos estándar de cada enfermedad. El ministerio ha detectado, por ejemplo, más de 200 antibióticos que se venden en una presentación con menos dosis de las necesarias habitualmente, lo que hace preciso comprar dos y desperdiciar buena parte de los fármacos. Los medicamentos que se podrán dispensar en unidosis serán los más usados con duración limitada, como algunos antibacterianos, antiácidos, protectores gástricos, antiinflamatorios o analgésicos.

- Cuidados paliativos. La nueva estrategia de cuidados paliativos, que servirá como base para la nueva ley que prepara el Gobierno, fue ayer aprobada en el pleno del Consejo. "No tiene nada que ver con la eutanasia", aclaró la ministra Pajín. La estrategia, que estará vigente hasta 2013, va encaminada a "ofrecer servicios que mejoren la calidad de la atención en el proceso final de la vida".

La pretensión del ministerio es desarrollar los cuidados paliativos y generalizarlos para todos los pacientes que los precisen. Se incluye por primera vez a los que padecen procesos crónicos no oncológicos y a los niños.

- Ley de Salud Pública. El consejo también sirvió para presentar el anteproyecto de ley de Salud Pública, que se basa en la transparencia del sistema. La idea es que el ciudadano esté informado de todo lo que pueda afectarle a la salud, desde los niveles de contaminación atmosférica hasta si su médico está o no vacunado. Excepto en asuntos que afecten a la seguridad nacional, las Administraciones estarán obligadas a prestar esta información y los ciudadanos podrán pedir responsabilidades si se les niega este derecho. Se trata de un "hito para el país", dijo Pajín.