La lucha contra los gorrones

Algunos males de la Universidad española se arrastran desde hace décadas sin que ninguna ley haya podido acabar con ellos. Tal es el caso de la selección del profesorado. El Gobierno reconoce ahora que hay fallos que atajar sin demora. Lo explicó con tanta sencillez como dureza el secretario de Estado de Universidades, Miguel Ángel Quintanilla, en una charla informal con unos licenciados, que los periodistas grabaron: admitió que ser un "gorrón" ha sido muy rentable en la universidad y que, ahora, la carrera académica dependerá del "sacrificio" y la "capacidad académica" de los aspirantes, y no de "políticas de pasillo". Reconocía con ello que algunos contratados universitarios acaban obteniendo sus puestos en función de sus buenas relaciones con los jefes de departamento y lamentaba que otros, más preparados, tienen las puertas prácticamente cerradas en los campus españoles.
Un estudio del CSIC señalaba el año pasado que el 70% de los profesores titulares obtuvo su plaza fija siendo el único candidato que se presentaba, es decir, sin competencia ninguna, y que el 96% de ellos ya trabajaba en la universidad en la que logró su puesto.
Los departamentos universitarios a veces han utilizado subterfugios para dar la plaza a un candidato previamente elegido en un proceso que perdía transparencia e imparcialidad, como han reconocido los tribunales en más de una sentencia. En ocasiones, el currículo exigido para optar a la plaza estaba tan cortado a la medida del candidato a favorecer, que los foráneos ni se molestaban en presentarse. La selección de tribunales era propicia para ello y funcionaba con soltura el hoy por ti, mañana por mí.
Muchos afectados en las oposiciones denunciaron su caso a la Justicia y han visto reconocidos sus derechos, pero, la mayoría de la veces, ya era tarde para volver atrás.
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