Una mujer debe ir a por su hija a casa de su marido, que tiene una orden de alejamiento

Noelia Tapias no sabe qué hacer. Por un lado, su marido tiene una orden de alejamiento. Por otro, una sentencia del titular del juzgado número 1 de Tortosa (Tarragona), Juan Adolfo Martín Martín, la obliga a ir a buscar a su hija a la casa donde su marido pasa las vacaciones. La mujer, de 29 años, denunció a su ex marido, Juan Antonio Fernández, por maltrato. Ahora se encuentra con que tiene que ir a buscar a su hija Rocío, de 4 años, a Córdoba, donde ésta veranea con su padre y sus abuelos.

Tapias, que reside en l'Ametlla de Mar (Tarragona), confiesa sentirse atemorizada, denuncia la contradicción entre las dos sentencias y pide protección. Según dice, sobre su marido pesa una condena firme de seis meses de prisión y la prohibición de acercarse a ella a menos de 500 metros. La víctima ha puesto unas 15 denuncias contra su ex marido. La primera en 2003, apenas un año después de casarse, tras sufrir agresiones y amenazas con un cuchillo.

Noelia, que aportó al matrimonio una hija, Ariadna, de una relación anterior, manifestó ayer que la niña, que entonces tenía 4 años, fue testigo del primer episodio de malos tratos, lo que la ha dejado fuertemente traumatizada, según han certificado análisis forenses.

La pareja está separada desde 2004. El hombre ha sido condenado de forma repetida, fundamentalmente por quebrantamiento de condena, ya que incumplía las órdenes de alejamiento, y amenazas. En una ocasión, la mujer denunció que fue a buscarla al trabajo y la amenazó con una pistola.

"No me ayudaron"

Ayer, Noelia recibió una llamada del Instituto Catalán de la Mujer, que le ofreció ayuda para hacer de intermediario. Sin embargo, la joven dijo tener escasa confianza en la entidad: "Cuando los necesité no me ayudaron", dijo. Y concretó que el año pasado recurrió al Instituto porque el mismo juez, Juan Adolfo Martín Martín, obligó a Ariadna a ir los fines de semana con el agresor pese al miedo que le tenía. El juez argumentó que el padrastro tenía derecho porque a la niña le habían puesto sus apellidos. Noelia intentó evitarlo recurriendo al Instituto, pero, dijo ayer, no le ayudaron.