Una mujer pide justicia por un error que la llevó a abortar

Cuando Verónica G. D. se dio cuenta de que estaba embarazada -de cuatro o seis semanas, tan poco que ni se había percatado- su médico de familia se asustó porque poco tiempo antes la había enviado al endocrino para que le hiciera una gammagrafía tiroidea -prueba que exige inyectar una sustancia con isótopos radiactivos- para ver si padecía hipertiroidismo. El médico, en Méntrida (Toledo), le recomendó entonces que abortara porque no se fiaba de que esas pruebas hubieran afectado al feto. "Se asustó. Me dijo que debía abortar, que los isótopos radiactivos ocasionaban gravísimos riesgos de malformación", explica Verónica. Interrumpió su embarazo, de ocho semanas, por un riesgo que, después, se ha revelado muy bajo.

Verónica tiene 30 años y cuatro hijos. Trabaja de comercial y no entiende nada de medicina. "Estaba asustadísima. No sabía que la prueba que me habían hecho era peligrosa, ni siquiera me advirtieron de sus riesgos antes. Tampoco me preguntaron si estaba embarazada", asegura. Está en el despacho de su abogado. Verónica y su esposo han presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Piden 150.000 euros por daños y perjuicios.

Todavía recuerda esos días de abril y lo asustada que estaba. Volvió al endocrino. Él le recomendó consultar a su ginecóloga los riesgos de continuar con el embarazo, pero ésta ni siquiera la recibió. La envió a Planificación Familiar para solicitar un aborto. "Tuve que recurrir a una trabajadora social que me explicó que debía hacerme una ecografía", dice. Cuando se la hizo fue al Hospital Virgen de la Salud (Toledo), donde dos ginecólogos revisaron su historial. El informe médico que firmaron dice: "Presunción de graves taras físicas o psíquicas para el feto de la paciente". Le vuelven a aconsejar que aborte.

"Todo fue muy rápido. Me dijeron que cuanto más tiempo tardase sería peor. Firmé. Me enviaron a una clínica privada en Madrid con la que Castilla-La Mancha tiene convenio. Allí me hicieron el aborto", cuenta Verónica. Más tarde consultó con otro médico. "Todo le pareció un poco raro, nos dijo que él creía que la gammagrafía no era tan peligrosa como nos habían dicho", relata el esposo de Verónica. Le aconsejó consultar con un experto en medicina nuclear o acudir al Centro de Investigación de Anomalías Congénitas.

Allí les dicen que el riesgo por una gammagrafía en un momento tan temprano de la gestación es bajísimo. "Se ha cometido un gravísimo error médico. Ninguno de los facultativos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que atendieron a Verónica se molestó en hacerle más pruebas o en averiguar, como ella tuvo que hacer después, los riesgos reales a los que se enfrentaba", argumenta su abogado, Abelardo Moreno.

Para valorar el potencial riesgo para el desarrollo embrionario por una gammagrafía tiroidea los expertos dicen que hay que conocer la radiación absorbida en útero. Pero a Verónica sólo le hicieron una ecografía. "Las dosis de Tecnecio 99 que se usan en las pruebas diagnósticas son muy bajas, por lo que la dosis absorbida en útero suele ser mínima, y siempre inferior a 5 rads. Es por encima de 10 rads cuando se considera arriesgado para el desarrollo fetal", explica Elvira Rodríguez-Pinilla, médica del servicio de Información sobre Teratógenos del Instituto de Salud Carlos III.

Tras la reclamación de Verónica, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha asegura que ha abierto una investigación. Su expediente está "en fase de instrucción" para "contrastar toda la información disponible sobre la atención prestada a la paciente y poder resolver las dudas que expresa en su reclamación por la difícil decisión adoptada tras recibir los informes médicos pertinentes".