Las mujeres que abortaron con Morín dicen que nadie las examinó

Primero ante la Guardia Civil y después en el Juzgado de Instrucción. Un número indeterminado de mujeres que abortaron el año pasado en el grupo de clínicas Ginemedex-TCB de Barcelona han declarado a la juez que investiga el caso que no fueron visitadas por ningún psiquiatra antes de que les practicaran la interrupción del embarazo. Es más, coinciden en que ni siquiera se les informó de la necesidad de someterse a ningún examen psíquico. Por eso mismo pensaron que estaban actuando de manera legal en una clínica reconocida oficialmente.

La juez de Barcelona que instruye el caso de las clínicas abortivas confirma estos y otros datos -por ejemplo que la Guardia Civil requisó la totalidad de las 2.780 historias de las mujeres que abortaron el año pasado- en el auto por el que ayer levantó el secreto de sumario decretado el pasado 25 de octubre. "Las primeras mujeres" que declararon ante la Guardia Civil como imputadas, para salvaguardar sus derechos, corroboraron que "el aborto les era practicado sin más requisito que su mera solicitud, sin que siquiera fueran sometidas al más somero examen por parte de ninguno de los dos psiquiatras", explica.

Se trata de Francisco Javier C. V. y Pascual Javier R. M, ambos imputados en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona junto a 11 personas más por los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo. Entre ellos, el propietario de las clínicas, Carlos Morín, su esposa, María Luisa Durán, y Virtudes S. V., ambas enfermeras. Todos están en libertad con cargos, excepto Pascual Javier R. M., que tenía pendiente de cumplimiento una sentencia firme por violencia doméstica.

Morín, según el relato de la juez, contrató a los dos psiquiatras para que realizaran los informes para "dar cobertura y apariencia de legalidad a su actividad abortiva". De esta manera, prosigue, se estaba aparentando que los abortos de esas mujeres se encontraban en uno de los tres supuestos de despenalización que prevé la ley: el de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre. Sin embargo, las mujeres que abortaron no se encontraban en ninguno de los supuestos legales, concluye la juez. Su identidad sigue estando bajo secreto. La magistrada Elisabet Castelló ha decidido preservar el anonimato al amparo de la Ley General de Sanidad y de la Ley de Protección de Datos.

La causa judicial contra las clínicas Ginemedex-TCB se inició en 2006 y estuvo deambulando por varios juzgados. Hubo archivos, reaperturas... Hasta que finalmente fue a parar al Juzgado de Instrucción número 33. La Fiscalía de Cataluña, dirigida por Teresa Compte, de talante progresista, ha mostrado un gran rigor en la tramitación de toda esta causa, hasta el punto de reclamar que todos los detenidos fuesen a prisión, aunque la juez sólo lo acordó finalmente para cinco de ellos. Al final, la Audiencia de Barcelona ordenó la excarcelación de Carlos Morín y las dos enfermeras por creerla desproporcionada y la propia juez ya dejó en libertad a los dos psiquiatras que había encarcelado.

Ahora la magistrada asegura que levanta el secreto tras "la toma de declaración gradual" de las mujeres que ya interrogó la Guardia Civil, porque "todas ellas" coincidieron en declarar que no fueron visitadas por los psiquiatras. Advierte de que todavía queda una "ingente cantidad de historias pendientes de examinar" de ese total de 2.780 expedientes que se requisaron, aunque precisa que ya no tiene sentido mantener el secreto de sumario, a la vista, además, de un nuevo informe emitido por la Guardia Civil el pasado 25 de febrero.

Cuando los investigadores registraron las clínicas encontraron una máquina trituradora a la que supuestamente habían ido a parar fetos en muy avanzado estado de desarrollo, según explicaron. Pero se ignora si éste y otros detalles constan en algún informe policial, porque hasta la fecha existía el secreto de sumario. A partir del próximo lunes, cuando los abogados querellantes y de las defensas tengan la copia de las investigaciones, se podrán esclarecer algunas cuestiones del caso.

Lo que resulta indiscutible es que las clínicas abortistas del doctor Morín en Barcelona han acabado cerrando y que sus 20 trabajadores han solicitado expediente de regulación de empleo para rescindir sus contratos y ser indemnizados. Eso está provocando una verdadera espantada en las mujeres que desean abortar, que ahora han de plantearse acudir de nuevo a París, ante la imposibilidad de que la Seguridad Social las atienda y a la vista de la ofensiva de algunos sectores integristas y del beneplácito de determinadas actuaciones judiciales.