La nueva Ley de Igualdad impone la paridad en las listas electorales

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana una de las iniciativas legislativas estrella del Gobierno de Zapatero: la Ley de Igualdad que pretende luchar contra la discriminación entre hombres y mujeres. El texto, que ahora será tramitado en el Congreso, obligará a los partidos políticos a que sus listas electorales sean paritarias, es decir, que el número de personas de cada sexo no sea superior al 60% ni inferior al 40%.

El anteproyecto de la ley de Igualdad recoge numerosas medidas laborales, políticas y sociales, con el objetivo de evitar la discriminación. Así, reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral, el fomento de una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares, y fija medidas para prevenir el acoso sexual en el trabajo. La norma establece una representación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de las Administraciones Públicas, y propone una composición, igualmente equilibrada por sexos en las listas electorales. También aborda los tratos desfavorables relacionados con el embarazo o la maternidad que puedan darse en los trabajos, e impulsa que las grandes empresas abran sus Consejos de Administración a la participación de mujeres.

En cuanto a la paridad de las listas electorales, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que "va mucho más allá de las exigencias de la UE, no sólo es un paso más". Fernández de la Vega ha asegurado en la conferencia de prensa posterior a la reunión que esta es la norma "más importante para alcanzar la igualdad desde la aprobación de la Constitución". La intención del Gobierno es que dicha paridad empiece por el Ejecutivo pero llege también a los consejos de administración de las empresas en un plazo de cuatro años. Caldera se ha mostrado confiado en que se avance en este sentido y en que resulten también satisfactorios los planes y las medidas de igualdad que, por ley, tendrán que negociar las empresas en sus convenios colectivos; si no es así, ha advertido que a los cuatro años esa política de estímulos se convertiría en medidas "más drásticas".

El objetivo de la nueva ley, según ha destacado el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, es la de acabar con la discriminación que sufre la mujer y lograr que la igualdad legal vaya acompañada de una igualdad real, con medidas de acción positiva. En el ámbito laboral, destaca, por ejemplo, el permiso de paternidad de 8 días, la mejora de las excedencias para el cuidado de hijos (se considerarán cotizados los dos primeros años), la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación y la nulidad de las represalias que pueda sufrir una mujer por un embarazo.

Más medidas

Además, la vicepresidenta ha realizado un balance "bastante satisfactorio" de las 54 medidas aprobadas en el Plan de Medidas para la Igualdad, aprobado hace un año. El Consejo de Ministros también aprobó otras medidas dirigidas a favorecer a las mujeres como la aprobación del Observatorio contra la Violencia de Género, un Plan de Acción para Mujeres Discapacitadas y un Real Decreto para favorecer el acceso de las mujeres al Cuerpo de Policía.

"En el día internacional de la mujer trabajadora, el Gobierno quiere renovar ante ellas y todos los ciudadanos su compromiso con la igualdad", ha dicho de la Vega. "Nos queda un largo camino que recorrer juntas para exigir el derecho a la igualdad real y efectiva de oportunidades. Estoy también convencida de que la inmensa mayoría de los hombres nos acompañarán en el recorrido de este camino, que queremos que sea corto", concluye.