Los obispos defienden el derecho a manifestar las creencias religiosas fuera del ámbito privado
De la Vega dice que el uso del velo "no constituye ningún problema social" en España
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado hoy que la Constitución establece el derecho a manifestar el propio credo y que, por tanto, es una conclusión errónea circunscribir el uso de símbolos religiosos al ámbito privado.
El portavoz de los obispos ha explicado en una rueda de prensa que la Conferencia Episcopal no ha abordado de forma oficial la polémica suscitada tras la negativa de un instituto de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón a que una adolescente acuda a clase con el pañuelo islámico, el hiyab. No obstante, Martínez Camino ha insistido en que el principio general de la Constitución es que las personas e instituciones religiosas tienen derecho a manifestar las propias creencias.
Para Martínez Camino, es deseable que se resuelva este tema teniendo en cuenta todos los elementos implicados, "muchos y complejos". A su juicio, las soluciones "técnicas" que se arbitren tienen que tener en cuenta los derechos fundamentales de todos, y en este sentido se ha referido al artículo 16.1 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación que el mantenimiento del orden público establecido por la ley.
"Evitar problemas donde no los hay"
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el uso de símbolos religiosos en España "no constituye ningún problema social". Según la vicepresidenta primera, este asunto hay que resolverlo "desde posiciones conciliadoras" y "evitar problemas donde no los hay". A su vez, ha señalado que el Gobierno respeta los usos y costumbres culturales y sociales.
Respecto al anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa, De la Vega ha declarado que el Gobierno continúa trabajando en la redacción del texto que pretende adecuar la ley vigente, de hace 30 años, "a la realidad social actual" e incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Es aún pronto para saber el nivel de detalle en el que vamos a entrar", ha explicado la vicepresidenta, quien ha añadido que el anteproyecto estará basado en los pilares de la libertad y la convivencia.
