Los obispos rompen la distensión con el Gobierno por el aborto
La Conferencia Episcopal llama a una "masiva movilización" contra la reforma
La calma entre la Iglesia católica y Gobierno socialista se rompe apenas un año después de negociarse. Los obispos llamarán a una "masiva movilización" contra el Ejecutivo cuando éste concrete y remita a las Cortes la reforma de la ley que en 1985 despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Lo anunció ayer el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino. "Quitar la vida a una persona es el atentado mayor que se pueda cometer", dijo. Será el primer pulso de la jerarquía católica contra los socialistas a pesar de los gestos del Gobierno hacia la Iglesia y desde que el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero mejoró la financiación del Estado a la Iglesia católica, con un incremento del 34% de la cuota que los fieles pueden destinar a su confesión mediante el IRPF.
El cartel con un niño que gatea sonriente al lado de un lince va a inundar las calles de España en las próximas semanas. "¿Y yo? ¡Protege mi vida!", pide el chiquillo. A su lado, el lince luce una cuña de garantía de protección total. En la cabecera del anuncio, unas fotografías representan el desarrollo de un bebé desde el embrión, su crecimiento progresivo en el útero materno, y la figura de una embarazada de nueve meses.
La tesis de los eclesiásticos es que el niño está claramente menos protegido que el lince por la legislación española. "Está muy bien que se ampare a los animales en peligro de extinción, que se proteja la diversidad de la biosfera, pero justamente esta sensibilidad mayor que tenemos para la biosfera nos debe hacer reflexionar acerca de la necesidad de proteger, no menos, sino más, a los seres humanos que van a nacer", sentenció el portavoz episcopal.
El Ejecutivo socialista y los obispos parecían haber llegado a un acuerdo en esta legislatura para evitar conflictos de envergadura. Incluso se había implicado en el empeño la Curia (gobierno) del Vaticano. Así pareció con motivo de la visita a Madrid, el mes pasado, del secretario de Estado de la Santa Sede, Tarcisio Bertone. El cardenal y número dos del Papa, oficialmente en viaje privado, recibió tratamiento de jefe de Estado, con entrevistas y almuerzo con el Rey, el presidente del Gobierno y varios ministros.
La pacificación de relaciones había estado precedida, años atrás, de una confrontación extraordinaria, con manifestaciones convocadas por los obispos por las calles de Madrid contra la legalización de las parejas del mismo sexo con el nombre de matrimonio (2005), o en defensa de la familia (navidad de 2008). El portavoz de la Conferencia Episcopal dijo entonces que la legalización del matrimonio gay era lo peor que le había pasado a su iglesia en España en dos mil años.
En busca de consolidar la pacificación de relaciones, el Gobierno reformó muy generosamente el sistema de financiación estatal a la Iglesia romana y canceló algunas reformas previstas, como la legalización de la eutanasia. También renunció a poner "los puntos sobre las íes" en las relaciones Estado-Iglesia, como había prometido Rodríguez Zapatero en la campaña electoral de hace un año. Pero no quiso cancelar la reforma de la legislación del aborto, otra de sus promesas.
Los obispos responderán con contundencia. Su tesis no ha variado. El aborto es un crimen horrendo, y el Estado, legalizándolo, se hace cómplice del mismo. Cuando el Gobierno envíe el proyecto de ley reformando lo aprobado en 1985, lo dirán alto en una carta pastoral, que guardan como oro en paño. Además de combatir al Ejecutivo, el episcopado quiere luchar también contra la "permisividad moral y social" que acepta sin inmutarse "la eliminación" de un ser antes de nacer. Entre las muchas "patologías de la razón" que sufre la humanidad, ninguna es peor que la aceptación social del aborto.
El cartel presentado ayer, del que se han hecho 30.000 copias, se exhibirá de manera preferente en los centros educativos católicos y en los templos, pero también en 1.600 enormes vallas en calles de 37 ciudades (215 vallas en Madrid y otras tantas en Barcelona). Ocho millones de dípticos se entregarán en mano. Martínez Camino no desveló su coste.
¿Las encarcelaría?
¿Meterían en la cárcel los obispos a las 112.000 mujeres que abortan voluntariamente en España cada año? No hay pregunta que incomode más a los prelados. Su portavoz aludió ayer a que el Código Penal prevé penas incluso de prisión para los que atenten contra la fauna y la flora protegida, pero se negó a responder sobre si estaba sugiriendo que la mujer embarazada y quienes intervienen en la comisión del aborto deberían sufrir también penas de cárcel. Martínez Camino titubeó y se limitó a recordar que "la ley que no protege el derecho de una persona a nacer es una ley injusta, e incluso no tendrá ni siquiera el carácter de ley". Sobre los casos excepcionales, "debe ser el juez quien debe dictar la pena, a tenor de circunstancias eximentes o atenuante de cada caso".
Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) lamentó que, "una vez más, la Conferencia Episcopal cometa la bestialidad de comparar un derecho de la mujer con la protección animal". "Los obispos se preocupan mucho más de que sus dogmas se conviertan en ley, que de que se defienda la vida, como ha ocurrido con el niño andaluz nacido para ayudar a curar una enfermedad congénita de su hermano. Debería darles vergüenza", dijo a la agencia Servimedia.
