Los objetores de conciencia: rotunda negativa a la guerra

Las motivaciones religiosas son las que han dado un mayor número de objetores de conciencia: el respeto a la vida, el principio de la Biblia «no matarás», ha sido en muchas ocasiones la razón de la negativa a empuñar las armas de una buena parte de los objetores de conciencia. El valor de la persona, la promoción de la vida, lo inhumano de la guerra, el sentimiento de solidaridad entre los hombres por encima de naciones y fronteras, han llevado también a muchos jóvenes a negarse a participar en la guerra o en su preparación mediante la prestación del servicio militar. La no violencia, como forma de lucha en una sociedad fundamentalmente violenta, el análisis de una sociedad que dedica a gastos militares más dinero que a la promoción del hombre en un mundo donde las dos terceras partes de sus habitantes pasan hambre son causas también para algunos en su negativa activa de colaborar con este estado de cosas, como expresión de su actitud crítica ante el militarismo y los engranajes que institucionalizan la violencia.Entre los primeros cristianos existió una tradición no violenta y era frecuente su negativa a participar en la guerra. Esta tradición se rompe a partir de Constantino y la Iglesia, aliada del poder temporal, comienza a justificar la guerra llegando a promoverla y sacralizarla como un medio eficaz de evangelización.

Sin embargo, la objeción de conciencia, como negativa al cumplimiento de una obligación ciudadana, no aparece hasta que Napoleón no implantó la obligatoriedad del servicio militar y su ejemplo fue seguido por la mayor parte de los Estados europeos. Los cuáqueros, adventistas y anabaptistas, que consideraban contrario a su conciencia empuñar las armas, sufrieron a partir de este momento una dura represión que les movió a emigrar masivamente a América.

El movimiento de objeción de conciencia no adopta una organización diferenciada de los distintos grupos religiosos que la asumen hasta la primera guerra mundial. El horror a esta guerra, con millones de víctimas y en la que ya se utilizan técnicas destructivas de enorme eficacia, despierta una conciencia pacifista y un movimiento antibélico que se extiende y organiza y que tiene su expresión en hombres y pensadores como Bertrand Russell. En la segunda guerra mundial el movimiento está firmemente asentado en Europa y solamente en Alemania fueron ejecutados 32.000 objetores que se negaron a colaborar con la política militar agresiva de Hitler.

Después de la segunda guerra mundial y, de la tremenda destrucción por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el movimiento contrario a la guerra y su expresión en la objeción de conciencia frente a la obligatoriedad del servicio militar se hace masivo en todo Occidente.

La objeción de conciencia en nuestro país

En 1959 es la primera ocasión en que dos testigos de Jehová se niegan a hacer el servicio militar, sobre los que recaen sucesivas condenas de seis meses a seis años hasta que a la edad de 38 años obtienen la licencia. Aunque su postura la mantienen en silencio, ya que no se la plantean como alternativa social, representan un problema por cuanto el Código de Justicia Militar no preveía la negativa al cumplimiento del servicio militar.Para regular esta situación el Gobierno, en 1970, presentó a las Cortes un proyecto de ley sobre la objeción de conciencia por motivos religiosos, proponiendo la sustitución del servicio militar habitual, para jóvenes de confesión religiosa no católica, por un servicio militar no armado en grupos especiales del Ejército y por un período no superior a tres años. El proyecto del Gobierno fue rechazado; era la primera vez que ocurría algo semejante, y en las enmiendas se llegó a solicitar tratamiento psiquiátrico para los objetores.

Paralelamente, y desde 1967, se habían ido gestando grupos de acción no violenta y uno de sus miembros, José Bouza, es el primer objetor que se niega a la prestación militar, por lo que fue procesado y encarcelado en abril de 1971. En solidaridad con su postura se inicia una campaña internacional y una marcha de unos setecientos objetores, desde Ginebra a la cárcel de Valencia, que fue detenida al llegar a la frontera española, lo que provocó huelgas de hambre, ocupación de embajadas y cartas y peticiones de la Comisión Internacional de Juristas, de la Asamblea del Consejo de Europa y de Amnesty International pidiendo el reconocimiento de la objeción de conciencia. También en nuestro país se iniciaron campañas en favor de un estatuto que regulara la objeción de conciencia y reclamando libertades democráticas, saliendo en varias ciudades encartelados en manifestación.

Estas acciones movieron al Gobierno a presentar un nuevo proyecto a las Cortes que originó tal división entre los procuradores que fue retirado por el propio Gobierno.

En diciembre de 1973 las Cortes aprueban la ley de Negativa a la Prestación del Servicio Militar, en la que se condena a los objetores a penas de tres a ocho años de cárcel y a la privación, tras cumplir la condena, de derechos políticos e incapacitación para trabajar en entidades públicas, en la Administración local y en la enseñanza. Como respuesta, los objetores proponen en un documento la creación de un cuerpo, Voluntarios para el Desarrollo, donde se prestaría un servicio civil no superior a los dos años en aquellos lugares en que fuera más necesario y no se interfiriera con puestos de trabajo remunerados. El documento, avalado por 1.250 firmas, fue presentado al Gobierno por Justicia y Paz. Pese a que la propuesta no fue aceptada, un grupo de objetores la pone en práctica en 1975 en el barrio barcelonés de Can Serra, que padece graves deficiencias infraestructurales. Allí se encargan de organizar colonias de verano, guarderías, escuelas de adultos y no olvidan tampoco a los ancianos, pero en febrero del año siguiente y pese a las peticiones de los vecinos, cinco del grupo son detenidos, quienes permanecen encarcelados hasta agosto de 1976, fecha del decreto de amnistía, en el castillo de Figueras. A su salida, denuncian que el problema de la objeción de conciencia sigue sin resolverse y sin que el Gobierno le encuentre una solución. Algunos de ellos se trasladan al barrio de Tetuán, en Madrid, donde inician una labor semejante a la llevada a cabo en Barcelona. Sucesivamente otros grupos se asientan en Bilbao, Lérida, Málaga, Tarragona y Vich, donde prestan servicios asistenciales de forma autogestionada conjuntamente con asociaciones de vecinos y grupos de acción no violenta, pero sin contar con el reconocimiento oficial.

A nivel legislativo, la situación se modifica en diciembre de 1976 con un real decreto sobre la objeción de conciencia por motivos religiosos que estipula: «Se establecen prórrogas de incorporación a filas de cuarta clase que podrán disfrutar los mozos que por razones de conciencia, de carácter religioso, se muestren opuestos al empleo de las armas y opten por sustituir el servicio militar en filas por una prestación personal en puestos de interés cívico (...) Durante la prórroga les será extendido un certificado de su comportamiento en el puesto asignado que, de ser favorable, les permitirá solicitar nueva prórroga. La prestación del servicio en condiciones favorables por tres períodos consecutivos de un año permitirá obtener la exención del servicio militar activo pasando a la situación de reserva.»

Su situación actual

Inmediatamente, los objetores muestran su desacuerdo con el decreto en el que sólo se reconocen motivaciones de carácter religioso, por tratarse de una ley militar en la que la exención se regula mediante prórrogas de incorporación a filas que además están condicionadas por tres certfificados de buena conducta, porque en caso de no conseguir estos certificados quedan obligados a realizar el serviciomilitar y porque finalizado el servicio no armado pasan a la reserva. También critican la ambigüedad del decreto en lo que se refiere a la jura de bandera, a la situación en caso de guerra y por la duración de las prestaciones, más del doble que el militar. Apoyados por otros grupos como los de acción no violenta inician una nueva campaña, pidiendo recurso de contrafuero y como consecuencia de esta campaña se suspende el consejo de guerra contra varios objetores que tenía que celebrarse en septiembre de 1977, siendo puestos en libertad once de los dieciséis que permanecían presos en el castillo de Figueras.Continúa siendo enormemente ambigua para cerca de sesenta miembros del Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC) que en estos momentos han alegado esta motivación para no incorporarse a filas.

El MOC tenía elaborado un proyecto de estatuto jurídico para incluirlo en la Constitución en base al servicio civil y que, en su día, presentaron a los distintos partidos para recabar su apoyo, pero en la Constitución, tal como se encuentra en estos momentos y en su artículo 28, la objeción de conciencia aparece como un motivo más de exención, similar a tener los pies planos o una enfermedad psíquica, pero se sigue sin reconocer el derecho de la persona a sustituir el servicio militar por un servicio civil, si así lo desea.

En marzo pasado el Ministerio de Defensa remitió al presidente del Gobierno un proyecto de ley en el que se reconocía que el de diciembre de 1976 «no ha solucionado satisfactoriamente la cuestión» y proponiendo la reducción del servicio civil a treinta meses (doble que el militar) e incluyendo como posibles motivaciones para la objeción las de tipo ético y moral, además de las religiosas. Ese mismo mes el MOC, en una asamblea, señaló que, aunque lo ético y moral es lo bastante ambiguo como para acogerse a ello cualquiera, debería bastar la sola referencia a motivos de conciencia. Al ser la comisión interministerial la encargada de juzgar las motivaciones, ejercería funciones de tribunal cuando la conciencia del individuo no puede ser juzgada. Por otra parte, no queda clara la independencia de los objetores de la jurisdicción militar, ni su situación en caso de guerra, y además, el que el servicio civil sea el doble que el militar supone de hecho un castigo. En esta misma asamblea se redactó una plataforma de «puntos mínimos» asumidos por todos de cara a la elaboración del Estatuto de Objeción:

1. Servicio civil no militarizado ni militarizable.

2. Las actividades de los servicios civiles no agravarán el paro, no se desarrollarán en sectores laborales retribuidos, especialmente en los ámbitos en que exista una demanda de puestos de trabajo.

3. Libertad para los encarcelados por motivos de objeción.