La oposición de Dívar impide al CGPJ pronunciarse sobre el aborto

Salvo cambios de última hora, el Consejo General del Poder Judicial no emitirá mañana ningún informe sobre el anteproyecto de ley del aborto elaborado por el Gobierno, según fuentes de esta institución. El rechazo del presidente del Consejo, Carlos Dívar, al informe que considera constitucional la ley de plazos y la prevista abstención del vocal propuesto por CiU, Ramón Camp, harán imposible que se apruebe ningún texto.

Para el pleno de mañana se someterá primero a votación el texto de los conservadores, elaborado por Claro Fernández Carnicero, que considera inconstitucional la ley de plazos, que establece la libertad para abortar sin tener que justificarlo hasta la semana 14. En esa votación, los vocales del PP cuentan con nueve votos a los que, previsiblemente, se sumará el de Dívar. En contra estarán los nueve propuestos por el PSOE, más la vocal del PNV, Margarita Robles, y Ramón Camp. Es decir, está previsto que se rechace por 11 votos a 10 el informe que considera inconstitucional la ley de plazos.

A continuación se someterá a votación el texto elaborado por Margarita Uría, que ya aprobó la Comisión de Estudios, apoyado por los vocales del PSOE, que considera constitucional el proyecto de ley, aunque hace algunas recomendaciones, como la notificación a los padres del aborto de las mujeres de entre 16 a 18 años.

Uría sumará los nueve votos del PSOE, pero en contra tendrá los nueve del PP y el del presidente, Carlos Dívar. Camp, propuesto por CiU, ha manifestado a otros vocales su intención de abstenerse, en línea con la posición de la formación nacionalista, que deja siempre libertad de voto a sus diputados sobre el aborto. Si Camp no cambia de posición, se registraría un empate a 10 que resolvería el voto de calidad de Dívar para que se rechazara el informe favorable elaborado por Uría. En ese caso, el Poder Judicial no aprobaría informe alguno.

Fuentes del Consejo explican que ese voto de calidad es irrenunciable, según los informes jurídicos encargados. Es decir, el presidente propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero haría que el Consejo no se pronunciara sobre una de las leyes más polémicas de la legislatura.

El presidente del Gobierno sorprendió a todos hace un año renunciando a proponer a un progresista al frente del CGPJ, para poner finalmente a un ultracatólico. El informe del Poder Judicial no es vinculante, pero tiene gran importancia política, ya que el PP ha llevado el debate sobre la ley al terreno jurídico al defender la inconstitucionalidad del texto elaborado por el Gobierno que prevé una ley de plazos. La decisión de Zapatero para el Poder Judicial da, finalmente, munición al PP contra la ley.

En todo caso, el texto elaborado por Uría contiene propuestas que serían asumibles por el PNV y que si el PSOE acepta incorporarlas en el trámite parlamentario, permitirían sumar a los nacionalistas vascos a la mayoría para sacar adelante la ley en el Congreso de forma más holgada.

Esta situación ha provocado preocupación en el PSOE y en el Gobierno, porque esperaban contar con el aval del Poder Judicial para iniciar en septiembre la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, una vez que vuelva a estudiarlo el Consejo de Ministros. Fuentes socialistas se resignan, no obstante, a que no haya tal informe como mal menor, antes de que se emitiera uno totalmente contrario, como ya hizo el Consejo Fiscal recientemente. Dan por perdida la posibilidad de que el vocal de CiU, Ramón Camp, pueda apoyar finalmente el informe favorable.

El Gobierno y el PSOE ya han manifestado estos días su disposición a incluir modificaciones en el texto, en la línea de las propuestas en el informe elaborado por Margarita Uría, especialmente, las que hacen referencia al conocimiento paterno para el aborto de las mujeres de entre 16 y 18 años.

No obstante, en septiembre deberá negociar con los partidos de izquierdas del Congreso, con los que ha de completar la mayoría absoluta necesaria por tratarse de una ley orgánica. Estos partidos, ERC, IU, ICV y BNG, ya han expresado su negativa a hacer recortes sustanciales en el anteproyecto. Y particularmente quieren defender el derecho al aborto de las menores.