Un padre a 9.100 kilómetros de distancia

Todos los domingos, Wilfrido Heredia, un boliviano de 27 años, recorre los seis kilómetros que separan su casa en la pequeña colonia de Okinawa hasta Montero, una ciudad en la provincia de Santa Cruz, en Bolivia. Lo hace para que Brenda, su esposa, le muestre a través de un chat de Internet a Xavier, su hijo de 19 meses nacido en Algeciras (Cádiz), y de nacionalidad española.

Wilfrido lleva más de un año y medio separado de su hijo, después de ser expulsado del país por trabajar como albañil sin tener sus papeles en regla. Desde ese entonces, Brenda ha llevado a cabo una campaña que intenta lograr el regreso de su marido a España. "No puedo criar a mi hijo sola", dice esta madre de 21 años.

El último avance de este silencioso esfuerzo ha llegado recientemente. El Defensor del Pueblo ha pedido, en una carta, resolver "de manera urgente" y favorable "la solicitud de revocación de la resolución de expulsión". El anuncio lo ha hecho la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que se encarga de asesorar legalmente a Brenda para lograr que se anule la orden de expulsión que mantiene a su esposo en Bolivia. Según Diego Boza, su abogado, el regreso de Wilfrido "está más cerca" después del anuncio del Defensor del Pueblo.

Poco a poco los apoyos de algunas instituciones se suman a la causa de Brenda. "Sólo pido que se apiaden un poco", dice Brenda, que labora como trabajadora doméstica. El Defensor del Pueblo andaluz, el Ayuntamiento de Algeciras y el Defensor del Pueblo estatal se han manifestado en favor de la revocación de la orden de expulsión. A pesar de que fuentes del Defensor del Pueblo han asegurado mantener "contactos informales" con la Subdelegación de Gobierno en Cádiz, ésta no ha querido comentar la petición del Defensor.

"La Subdelegación confunde su discurso", dice Juan Moriche, que ha seguido el caso de Brenda desde la APDHA. "Nosotros no intentamos reagrupar a la familia. Queremos anular la orden de expulsión, que mantiene a Wilfrido tres años fuera de España", agrega. Aseguran que ya tiene ofertas de trabajo para volver con sus papeles en regla, pero la orden le impide pisar el país o cualquier territorio Schengen.

De acuerdo al Gobierno, el hecho de ser progenitor de un menor español no supone "por sí mismo una causa de excepcionalidad para conceder la autorización de residencia". La Asociación usa, sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del 26 de enero de 2005 como jurisprudencia. En ese entonces los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo revocaron la expulsión de una madre brasileña por considerar que "ni las normas sobre extranjería ni el sólo sentido común pueden admitir que la madre de un español sea una pura extranjera y se la trate como a tal; que el hijo español tenga todos los derechos y su madre no tenga ninguno".

Pero no todo es tan sencillo. La Subdelegación sigue poniendo trabas a este caso. Recuerdan que Brenda, la madre, se encuentra de forma irregular en el país. También señalan que Brasil, el caso de la sentencia del Supremo, no es Bolivia. Ambas naciones tienen diferentes relaciones migratorias con España. Bolivia no reconoce otras nacionalidades a los hijos de sus naturales aparte de la boliviana. El gobierno asegura que en Cádiz se han dado ocho casos similares, pero en ninguno se ha ejecutado la orden de expulsión, según informa Pedro Espinosa.

"Una recomendación como la del Defensor del Pueblo tiene su peso", dice Boza, que amenaza con llevar a los tribunales el caso si no hay la respuesta "urgente" que pide la institución. "No entendemos por qué se sigue demorando la respuesta, hace tres meses que hicimos la petición a la Subdelegación", apunta.

Mientras, Wilfrido espera "agobiado" en Bolivia la llegada de esa respuesta que anhela diariamente. Su presencia es fuerte, a pesar de los 9.100 kilómetros de distancia que lo separan de su hijo.