Los países pobres de la UE podrán contaminar más que los ricos

Ha llegado la dolorosa hora del reparto. Tras meses de grandes palabras y de presentarse ante el mundo como la campeona en la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea tiene ahora que dejar por escrito cómo va a cumplir los ambiciosos objetivos que se ha marcado -recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% para 2020 respecto a los niveles de 1990- una vez que expire el protocolo de Kioto en 2012, y, sobre todo, explicar cómo los Veintisiete van a ser capaces de conseguir que, también en 2020, el 20% de la energía que consuman provenga de fuentes renovables; un objetivo muy difícil de alcanzar para algunos países.

Después de intensas semanas de consultas con los Estados y la industria, la Comisión Europea pondrá sobre la mesa un paquete legislativo el 23 de enero, a cuyo borrador ha tenido acceso este diario, que fija los criterios de reparto del recorte de emisiones de gases contaminantes y los complejos mecanismos que deberán aplicar los Veintisiete. Las propuestas legislativas deberán contar con la aprobación del Consejo Europeo y el Parlamento.

El texto, sujeto a modificaciones de última hora y en el que aún no figuran las cifras exactas que corresponden a cada país, indica que las reducciones se asignarán "teniendo en consideración el PIB por habitante de los Estados miembros". Es decir, los países ricos estarán obligados a reducciones importantes, mientras que los menos desarrollados, principalmente los nuevos socios del Este, podrán incluso aumentar sus emisiones respecto a las de 2005, el año de referencia que maneja Bruselas para el escenario post-Kioto. Tendrán, sin embargo, un límite: no podrán superar el 20% respecto al nivel de hace tres años.

Este criterio se aplicará para sectores como la vivienda, la agricultura, el transporte o el comercio. Forman parte del llamado sistema de comercio de emisiones por el que las empresas pueden comprar y vender derechos de emisión de gases contaminantes. La industria pesada tendrá objetivos sectoriales que se aplicarán a todos los países por igual para evitar que las empresas de un país tengan ventajas sobre otros y para desincentivar las deslocalizaciones.

Una de las novedades del nuevo sistema de comercio de emisiones, que se presentará también dentro de 10 días, es que a partir de 2013 las empresas tendrán que pagar para adquirir la mayor parte de los derechos de emisión en lugar de recibirlos gratis de los Estados, como hasta ahora. "Al menos dos tercios del total de los permisos serán subastados", dice el texto en el que Bruselas realiza un poco frecuente ejercicio de autocrítica y reconoce que en la primera fase (2005-2007) los Estados "concedieron demasiados" permisos de emisión, lo que provocó que muchas compañías no se vieron obligadas a reducir los gases que vertían a la atmósfera y además se enriquecieron vendiéndolos.

Bruselas se propone mejorar este complejo sistema poniendo precio a los derechos de emisión, aunque algunos sectores como la aviación no tendrán que pagar parte de estos derechos durante los primeros años. La Comisión otorgará a cada país una cierta cantidad de derechos de emisión, también en función del PIB per cápita.

Ante la preocupación que ya ha manifestado la industria, Bruselas se compromete a revisar el sistema dentro de tres años y conceder nuevos permisos gratuitos si las empresas europeas pierden terreno en el mercado mundial por exigencias ambientales.

Junto a los recortes de emisiones, el impulso de las energías renovables y de los biocombustibles es el otro pilar de la política europea de lucha contra el cambio climático, con el que además Bruselas pretende reducir la dependencia energética de países como Rusia y crear trabajo.

El paquete legislativo fija las reglas para alcanzar el objetivo de que el 20% de la energía que se consuma en la UE provenga de fuentes renovables -actualmente ronda el 8,5%- y de que el 10% del transporte se alimente de biocombustible. También en las renovables se tendrá en cuenta el crecimiento económico de los países a la hora del reparto a partir de una cifra única que todos deberán cumplir. El trasiego de créditos de emisión se extiende también al capítulo de renovables, lo que ha provocado el rechazo de parte de la industria, de las ONG y de Gobiernos como Alemania o España, según fuentes próximas a la negociación.

La idea es que las empresas europeas puedan comprar y vender entre sí una especie de créditos que permiten a los que los compren apuntarse su cuota de renovable aunque no generen este tipo de energía. Gobiernos e industrias critican este sistema por considerar que distorsionará los mercados nacionales.

Grupos ecologistas lamentan que la UE haya adoptado la cifra global de reducción del 20% cuando del consenso científico se desprende que es necesaria una reducción del 30% para limitar el calentamiento del planeta a dos grados centígrados. La coordinadora de cambio climático de Greenpeace en Bruselas, Mahi Sideridou, asegura que "la UE ha adoptado una cifra arbitraria que además es inferior al 25-40% que se acordó en Bali para los países industrializados".

El borrador de directiva explica, sin embargo, que en caso de alcanzarse un acuerdo internacional para reducir las emisiones en un 30%, "la Comisión deberá ajustar los límites de emisión de los Estados miembros" sobre la base de un nuevo pacto global pos-Kioto.