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Ocho periodistas, imputados por revelar la trama de espionaje alavesa

La juez aprecia delito contra la intimidad en la difusión de información veraz

El juzgado número 2 de la Audiencia Provincial de Álava ha imputado a ocho periodistas -tres de EL PAÍS, tres de El Correo y dos de El Mundo del País Vasco-, por un posible delito en el desempeño de su labor informativa de revelación de secretos relacionado con el sumario de una supuesta trama de espionaje, en Vitoria, en el que están implicados Aitor Telleria, ex dirigente del PNV, y dos ertzainas. Los periodistas deberán comparecer el 1 de octubre ante la juez Ana Zuleta, cuya resolución ha causado sorpresa en la propia Audiencia de Álava y provocado el rechazo de varias asociaciones profesionales.

La juez acepta la demanda contra los ocho periodistas, presentada por la defensa de los tres acusados de espiar a personas de relevancia pública, porque ha visto en las informaciones publicadas un posible delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, e incluso la inviolabilidad del domicilio. La comisión de estos delitos está tipificada con una posible pena que oscila entre uno y tres años de prisión.

"Nos ampara el derecho a no revelar las fuentes", dicen los informadores

La defensa de los implicados en el caso Telleria reconoce la veracidad de las informaciones divulgadas, ya que su demanda se basa en "la publicación de datos que se encontraban bajo secreto de sumario". De hecho, este diario en ningún momento ha recibido solicitud de rectificación sobre las informaciones elaboradas por los periodistas imputados.

En medios jurídicos ha causado sorpresa que la defensa de los implicados afirme que las informaciones sobre la supuesta red de espionaje aportan datos reflejados en el sumario cuando, en realidad, este se encuentra bajo secreto de sumario y, por tanto, no ha sido dado a conocer a las partes. Estas mismas fuentes reconocen que para que la defensa de los detenidos haya podido fundamentar su denuncia judicial, solo cabe la posibilidad de que conocieran las interioridades del sumario a pesar de que solo obra en poder de la propia Audiencia Provincial de Álava. Si fuera así dejaría en una comprometida situación a la propia Audiencia, porque se asistiría a una revelación interna de un sumario que incluso ha visto prorrogado un mes más su condición de secreto. Y esta irregularidad podría salpicar a la propia investigación, que sigue en curso.

Todo indica que el objetivo de la demanda radica en conocer el origen de la supuesta filtración de los datos que han permitido informar sobre los pormenores de este espionaje. Su difusión provocó la denuncia de todos los partidos, incluido el PNV, partido al que pertenece Telleria. Todos coincidieron en la necesidad de depurar responsabilidades y de abrir una comisión de investigación en el Parlamento vasco, cuyos trabajos podrían comenzar el próximo octubre, una vez que PSE-EE y PP, con mayoría en la Cámara, han acordado su constitución. Desde el PNV de Álava, su presidente, Iñaki Gerenabarrena, ha apelado a que se depuren responsabilidades sobre la procedencia de las informaciones sobre casos de supuesta corrupción y espionaje que afectan a sus afiliados, a quienes el partido ha pedido que devuelvan el carné de militantes, sin éxito hasta el momento.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, manifestó ayer su convencimiento de que la imputación a los periodistas quedará archivada, "porque nos ampara la Constitución, tanto en el derecho a informar como a no revelar las fuentes", señaló.

Elsa González cree "fuera de toda duda" que cuando un profesional tiene acceso a una información veraz y contrastada "su obligación es publicarla" y que, en caso contrario, "demostraría ser un mal periodista. Ningún juez nos puede pedir algo semejante", añadió.

El 'caso Telleria'

- La investigación abierta en diciembre de 2009 sobre una supuesta trama de corrupción en Álava -ya hay 12 detenidos, en su mayoría afiliados del PNV- permitió el pasado mes de julio la localización en el ordenador personal de Aitor Telleria, ex número dos de la Ejecutiva de los peneuvistas alaveses, de varios documentos con información recopilada por dos ertzainas y relativa a la vida particular de varios cargos del PSE-EE como su secretario general, Txarli Prieto, y el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, y del PP, así como de la patronal alavesa. El juez Roberto Ramos tomó declaración a los tres detenidos el 8 de julio, y posteriormente ordenó su libertad con cargos.

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