La policía detiene a 32 personas por contraer uniones de conveniencia

"Desfavorable". Ese es el veredicto que han obtenido muchas parejas de hecho en los últimos meses en Barcelona que pedían un permiso de residencia. Los entrevistadores que verificaban si la unión era por amor se encontraban con personas que no se conocían, que no hablaban el mismo idioma, o que unos meses antes habían intentado regularizar al cónyuge como hijo. Esas pistas delatoras, junto a un aumento inusual de las peticiones de permiso de residencia llevaron al Cuerpo Nacional de Policía a iniciar una investigación en julio que hasta el momento se ha saldado con 32 detenidos. Están acusados de falsificar documentos para inscribir parejas en los registros civiles de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona para obtener permisos de residencia.

La unión de conveniencia se llevaba a cabo previo pago de entre 3.000 y 6.000 euros. Las personas contactaban a través de un intermediario o de Internet con ciudadanos comunitarios que accedían a inscribirse como pareja de hecho con personas extracomunitarias. Normalmente se falsificaba la documentación. Aunque en algunos casos el matrimonio era real, lo que ha llevado a alguno de los acusados a tener que hacerse cargo de un crédito bancario de la persona con la que se casó por conveniencia. Uno de los detenidos constaba casado con distintas personas en cinco registros.

Entre los acusados, hay nueve españoles, 14 nigerianos y diversas personas de Ghana, República Dominicana, Hungría, Senegal y Marruecos. Sobre ellos penden una retahíla de delitos: falsificación documental, usurpación del estado civil, contra las relaciones familiares, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. La operación sigue abierta y se prevén más detenciones.

Registro anulado

La utilización de este tipo de registro para favorecer la inmigración ilegal ha sido uno de los motivos que ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a iniciar los trámites para anularlo, según un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía. Y también el ayuntamiento de Ripollet, según ese mismo portavoz.

Estos registros tenían la finalidad sobre todo de legalizar las parejas que antes no se podían casar, como el caso de los homosexuales. Pero el problema quedó solventado en 2005, con la reforma del Código Civil impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

La policía asegura que los casos de matrimonios y parejas de hecho de conveniencia se han agravado en el último año. Y lo atribuyen a una sentencia del Tribunal Supremo de junio del año pasado, que otorga el régimen comunitario a las parejas de hecho españolas, algo que antes no ocurría. El Ministerio de Trabajo publicó una instrucción en noviembre del 4 de noviembre, adaptándose a la sentencia.