La regulación de la enseñanza religiosa irrita al líder de IU

Insatisfacción entre los obispos, tristeza en Izquierda Unida, irritación en el principal sindicato de profesores de religión... La regulación de la enseñanza confesional en la escuela pública española y el estatus de sus docentes suscitaron ayer varias reacciones de rechazo. La más enérgica fue la del líder de IU, Gaspar Llamazares, que querría apelar al Tribunal Constitucional contra la medida.

El Gobierno "le da a la Iglesia prácticamente todo", sostiene el coordinador general de IU. Pese a que la Conferencia Episcopal expresó anteayer sus reparos a lo decidido por el Ejecutivo después de varias reuniones con los negociadores episcopales, Llamazares opinó que, lejos de un avance en la dirección prometida, la regulación de la enseñanza religiosa cede demasiado "ante la insumisión de la jerarquía eclesiástica frente al poder civil".

Llamazares apeló a la Constitución y sus 28 años de vigencia para concluir que ahora sería el momento de "liberarse de las ataduras de los poderes fácticos y avanzar hacia un Estado aconfesional". Por el contrario, cree que el Gobierno da a la Iglesia católica una financiación "de privilegio" y le permite seguir teniendo el control de la formación religiosa en los centros públicos. "Es un acuerdo triste, que continúa un nacionalcatolicismo que no podemos aceptar", concluyó.

La Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER) puso el énfasis en la situación en que quedan los docentes de catolicismo, es decir, contratados y pagados por el Estado con carácter indefinido y bajo el amparo del Estatuto de los Trabajadores, pero a merced de los prelados a la hora de los despidos. "La regulación de la contratación es una bajada de pantalones pura y dura por parte del Ministerio de Educación ante la presión de la jerarquía católica", dijo Rafael Ramírez.

Presidente de FEPER y dirigente de la Confederación Canaria de Trabajadores, Ramírez ha ganado tres pleitos al Gobierno y al episcopado canarios por otros tantos despidos, incluidas indemnizaciones por "daños morales". Su calvario judicial es uno más de los centenares en los que se han visto envueltos los obispos por dejar sin empleo cada año a alguno de sus docentes por causas como casarse por lo civil o sin motivo alguno.

"La Iglesia no debería tener facultad para despedir porque quien contrata y paga es el Estado. El Gobierno deja abierta esa puerta falsa para seguir reconociendo privilegios a la jerarquía católica", lamenta FEPER.