El retraso de la Ley de Dependencia obliga a pagar por miles de muertos

Muchas de las personas que han muerto en los últimos meses estaban pendientes de recibir una de las ayudas públicas previstas en la Ley de Dependencia, que pueden solicitarse desde el 23 de abril. No llegaron a tiempo. Ni la madre de María Luisa Sanjuán, en Cantabria, ni la de Raimundo Herrera, en Madrid.

Pero todos aquellos que fueron evaluados por los equipos sociosanitarios antes de fallecer adquirieron el derecho a recibir la prestación y serán sus herederos quienes cobren la deuda. Aunque aún no hay cifras precisas, las estimaciones los cuentan por miles.

Sólo en Cataluña, el director del programa para la Dependencia de la Generalitat, Jordi Tudela, calcula que serán entre 4.000 y 5.000 porque de las 50.000 solicitudes recibidas para evaluar tienen alrededor de un 10% de "incidencias". Otras comunidades consultadas carecen de datos precisos, pero sí pagarán a sus muertos. En Cataluña trabajarán como si la persona estuviera viva. "Ha sido evaluada y se le hará un plan individual de atención con la ayuda que le corresponda. En función de eso se abonará a sus herederos. Pero tendremos que consultar a los servicios jurídicos, es la primera vez que se hace esto y aún no sabemos cómo abordar muchos casos", explica Tudela.

¿Qué pasa con quienes ya estuvieran en una residencia pública? ¿Y si es privada? Si se trata de una ayuda económica es más fácil y lo cierto, a decir de los responsables de las comunidades, es que la mayoría de las ayudas que se están prescribiendo son económicas (cerca del 80%, dicen en Cataluña) aunque la ley establece la ayuda económica como algo excepcional. Pero la escasez de plazas de residencias y de personal especializado para cuidados en el hogar no dejan muchas salidas. "Lo mismo ha ocurrido en todos los países cuando han iniciado sistemas como éste", explica Tudela.

La ley obliga a resolver las solicitudes en un plazo de tres meses (todas las comunidades van con retraso) y a pagar con efecto retroactivo desde que se inició la solicitud. ¿También a los muertos?

En Castilla y León ven "imposible" saber cuántos fallecidos tendrán evaluados y habrán adquirido "el derecho a recibir su prestación", explica Jesús Fuertes, director general de Atención a la Dependencia de esta región. "Pero a la gente que nos comunica un fallecimiento le decimos que seguimos adelante con los trámites, es su derecho".

En Extremadura, tras haber consultado con sus servicios jurídicos, sólo pagarán a los herederos si el fallecido ya tenía redactado el Programa Individual de Atención (PIA), donde se recoge la prestación que le corresponde. En esa situación tienen sólo tres casos. Pero de las 15.000 solicitudes recibidas, 200 ya han fallecido. "Si no se sabe qué ayuda les correspondía, ¿qué les vamos a dar?", afirman. "Y en algún caso a los herederos sin testamento les salía más caro demostrar que lo eran que la ayuda que iban a recibir", explican.

La ley estableció un calendario para atender todas las solicitudes que llegaran. A los grandes dependientes, los más graves (unos 200.000 en España) les correspondía en 2007. No se ha cumplido.

Para hacerse una idea, en España mueren al día una media de 780 personas mayores de 70 años. Las velocidades entre comunidades son tan desiguales, que es posible que en algunas empiecen a cobrar los herederos de los fallecidos mientras que en otras los vivos sigan esperando.

El Ministerio de Trabajo ofreció el pasado viernes las últimas cifras de dependientes de su ordenador central: 154.000 valoradas en toda España y 128.000 que ya reciben servicios y prestaciones acordes a la ley. A principios de noviembre el Gobierno dijo que había atendidas 100.315 personas, pero los datos que ofrecieron las comunidades no superaban los 21.000. ¿Quiénes son esas personas que están en el ordenador del Gobierno? Los trabajadores sociales, pieza clave para poner en marcha la ley -se ocupan de valorar y tramitar-, opinan que son los dependientes que ya estaban siendo atendidos en las comunidades -estaban en residencias o recibían ayudas por su discapacidad-, pero saben que, por ahora, son "muy pocas" las personas que cuentan con prestaciones por primera vez gracias a la ley. Ellos los conocen con nombres y apellidos. En este caso están miles de ancianos, de personas con alzhéimer, que necesitan ayuda diaria que sólo encuentran en casa.

Por cada uno de los registrados en el ordenador central el Gobierno libra una cantidad de dinero. Esto les sirve a los responsables autonómicos para seguir implantando el sistema, reconocieron el pasado viernes en la jornada organizada por los trabajadores sociales.

A juicio de las comunidades, el Gobierno ha fijado unos plazos muy "estrechos" para poner en marcha el llamado cuarto pilar del Estado de bienestar, un sistema con una casuística tan variada que las comunidades no saben aún cómo atender. También es cierto que muchas comunidades no parecen tener muchas ganas de poner el sistema en marcha.

Los trabajadores sociales se quejaron el viernes pasado de casos como el de Valencia, donde el Gobierno ha hecho una ley de silencio negativo. Así podrían no contestar las solicitudes de los ciudadanos y, una vez en tribunales contestarlos estimando o denegando la petición, algo que no permite el silencio afirmativo. Podrían ahorrar tiempo y dinero. Los abucheos también se escucharon cuando habló la responsable de Madrid.