Una sala polémica
No es la primera vez que una decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona levanta polémica. El pasado mes de noviembre, ese mismo tribunal dejó en libertad a un hombre acusado de violación y homicidio. Los jueces olvidaron prorrogar la prisión preventiva solicitada por el fiscal y el acusado tuvo que ser puesto en libertad al cumplir dos años entre rejas.
Esa situación se prolongó durante dos meses y medio, mientras las dos víctimas de sus delitos tenían protección policial día y noche. Al final, el acusado fue condenado a penas que sumaban 25,5 años de cárcel y, tras varios recursos del fiscal, el tribunal rectificó y le encarceló, aunque con el voto particular en contra de su presidente. Por esos hechos, el Consejo General del Poder Judicial abrió una información previa que acabó archivada por la comisión disciplinaria el pasado 2 de marzo. La mujer que fue violada ha presentado una reclamación al Estado por los daños morales causados por el mal funcionamiento de la justicia.
En noviembre de 2003, el mismo tribunal dictó otra sentencia que culpaba a un albañil del accidente laboral que había sufrido y que le dejó tetrapléjico, y absolvía al empresario, condenado inicialmente por un juzgado penal. "Nuestra función no es dictar sentencias ejemplares", declaró entonces el magistrado Pedro Martín, que junto a toda la Sala acudió a una cena de homenaje organizada por destacados abogados penalistas de Barcelona. En el hotel también fue a cenar el obrero, en silla de ruedas, acompañado de su familia.
En 1997, ese mismo tribunal ordenó el ingreso en prisión de dos médicos que dirigían una clínica de Barcelona autorizada por la Generalitat. La Sala les había condenado a dos años de cárcel por un delito de aborto cometido en 1990 y denunciado por un marido despechado, y el Gobierno del PP les negó el indulto.
Ayer, los padres de las tres niñas que deberán declarar no salían de su asombro por la situación creada y recordaron que aún no les han dicho a sus hijas el trance que deberán volver a afrontar. "Entendemos que hay que respetar la presunción de inocencia, pero no podemos olvidar el respeto que merecen las víctimas", dijo un padre. "La Sección Segunda es la única sala de Barcelona que no admite la mampara en un tema de menores", añadió la abogada de la acusación, Lara Padilla, en representación de la Asociación Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente. El Defensor de Pueblo catalán (síndic de greuges), Rafael Ribó, ha instado a su homólogo nacional y a los partidos a que se modifique la ley para proteger a los menores en esos casos.
