La salud no decidirá la ayuda al dependiente

Gobierno y comunidades están negociando la inclusión de un nuevo informe en el que se determinarán las necesidades de apoyo de las personas dependientes, más allá del certificado médico que cada usuario aporta para optar a las ayudas previstas. Se baraja que sea un equipo multidisciplinar el que decida si el beneficiario precisa una plaza de residencia o una asistencia a domicilio, por ejemplo. Terapeutas, trabajadores sociales y personal sanitario podrían formar parte de esos equipos que redactarán el "informe de salud descriptivo".

La necesidad de diferenciar entre los que valoran el grado de dependencia del usuario y los que resuelven qué servicio se le adjudicará es una de las propuestas de informe de los expertos que encargó el Congreso para evaluar el sistema de la Dependencia, que ya adelantó este periódico. El Gobierno presentó ayer dicho informe a los parlamentarios, pero no pretende hacer suyas prácticamente ninguna de las propuestas que en él se ofrecen para salvar la complicada situación financiera de la Ley de Dependencia.

El secretario general de Política Social, Francisco Moza, dijo no a introducir seguros privados para tener acceso a los servicios previstos. No, a la reforma de la Seguridad Social y no a la eliminación de las recetas gratuitas para los pensionistas. "No toca, a nadie le gustaría hacer esos sacrificios", rechazó Moza.

Sin embargo, el secretario general sí admitió dos de las recomendaciones sobre financiación del informe de los expertos, las que ya ha implementado el Gobierno: la más generosa cesión de lo recaudado mediante impuestos (IVA, impuestos especiales e IRPF) y la inclusión en la financiación autonómica de partidas definidas por las necesidades que impone esta ley. Los grupos políticos ya han alcanzado esos acuerdos, que están a la espera de ser aprobados en el Congreso.

La educación, la sanidad y ahora la dependencia tendrán sus partidas precisas en la financiación autonómica; pero las comunidades autónomas decidirán, por último, a qué dedican esos recursos.

El informe de los expertos ha puesto el dedo en la llaga de la financiación de esta ley. Sostiene ese estudio que el gasto en dependencia, que ahora se estima en un 0,6% del PIB, alcanzará en 2015 el 1,5% y se pone de manifiesto la necesidad de que la financiación sea suficiente y sostenible. Apoyados en estas cifras, los nacionalistas de CiU pidieron la "revisión de la ley". El diputado catalán Carles Campuzano solicitó un "amplio acuerdo político" para emprender esa revisión.

La financiación destinada a la ley también puso en guardia al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà, que teme "el hacha jacobina" del Gobierno. Mostró su disconformidad porque se destine a los ayuntamientos dinero para que lo usen en dependencia. Se refería al fondo local, que repartirá 5.000 millones para que los ayuntamientos los gestionen, entre otras cosas en dependencia. Opina Tardà que son las comunidades las que deben hacerse cargo de esto.

El PP lamentó, como lo hicieron el resto de los grupos, que el Gobierno les haya interpretado el informe de los expertos, cuando era un texto encargado por el Congreso. Francisco Moza pidió disculpas por ese proceder. La diputada popular Lourdes Méndez criticó las aportaciones económicas del Estado a la ley y reiteró que son las comunidades las que se hacen cargo del 70% del coste. La socialista Marisol Pérez le contestó con una multiplicación: "Si el informe de los expertos estima en 10.000 euros anuales lo que cuesta atender a un beneficiario, y hay 416.000 atendidos, resultan algo más de 4.000 millones. El Gobierno ha puesto 2.000. El resto deben ponerlos las comunidades", zanjó. Y Francisco Moza reconoció que están "intentando esclarecer qué porcentaje de financiación destinan las comunidades", como se sugería en otro informe de la Agencia de Evaluación del Gobierno.