La sanidad pública operará la cara a 6.000 personas con VIH

Más de 6.000 personas (hasta 6.635) con VIH serán tratadas en los próximos tres años por la sanidad pública de uno de los efectos adversos más evidentes de los antivirales: la lipoatrofia facial. Esta complicación consiste en una pérdida de la grasa de la cara que produce una grave demacración, y que es fuente de discriminación y dificulta la integración laboral y social de las personas infectadas. La decisión la ha tomado el Consejo de Ministros.

La norma regula el uso tutelado de los tratamientos (una cirugía reparadora), y está dotada con 3,2 millones de euros anuales. A los tres años se revisarán los resultados y se estudiará la inclusión de esta prestación en la cartera común de servicios que deben prestar los servicios sanitarios públicos. Eso no quiere decir que todos los hospitales lo tendrán que hacer, pero sí se fijarán centros de referencia. Esta práctica es habitual en patologías o terapias que no son muy frecuentes, porque permite concentrar a los especialistas, y les garantiza un volumen de trabajo suficiente para que perfeccionen su técnica.

La inclusión de este tratamiento en la cartera de la sanidad pública es una vieja reivindicación de los colectivos de afectados. Ya en 2006 la Fundación Formación e Información sobre Tratamientos (FIT) para el VIH organizó un grupo de trabajo, en el que participaron, entre otros, el Ministerio de Sanidad y EL PAÍS, para definir los criterios de inclusión de los pacientes en los ensayos. A partir de esa fecha, ha habido varias comunidades que, por propia iniciativa, han empezado a ofrecer a las personas con VIH la posibilidad de rellenarse la cara si estaban muy afectadas. La diferencia, a partir de ahora, es que si este uso tutelado sale bien, no se tratará de una acción voluntaria, sino que deberán incluir este servicio en sus prestaciones.