El silencio se rompe en la Cruz Blanca
Cuatro empleados del centro religioso de Córdoba relatan a la policía los episodios de supuestos malos tratos y abusos sexuales contra una quincena de discapacitados
La Congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca se ha visto salpicada por el escándalo de los supuestos abusos sexuales y malos tratos. En apenas dos semanas, la sospecha se ha extendido sobre estos frailes que llevan décadas atendiendo en Córdoba a discapacitados intelectuales. Dos de los tres religiosos que dirigen el centro cordobés -entre ellos, Manuel Ortiz, el franciscano responsable de la Casa de San Francisco de Asís- están imputados por abusos y malos tratos a los internos. Además, un ex trabajador ha sido también imputado por abusos y un aspirante a entrar en la congregación permanece en prisión preventiva acusado de los mismos delitos.
En la Casa de San Francisco de Asís, que está concertada con la Junta de Andalucía, se asiste a unas 50 personas, todas con discapacidades psíquicas. Cuatro testigos vinculados a la institución relataron ante la policía los presuntos episodios de abusos y malos tratos contra una quincena de internos, según señalan fuentes del caso.
Las agresiones "son habituales y se remontan tiempo atrás"
Un juzgado cordobés archivó otra denuncia en junio de 2007
Aunque el silencio se ha roto ahora, los presuntos abusos y malos tratos vienen de lejos. "Son habituales, se remontan tiempo atrás", señalan las mismas fuentes. De hecho, el último imputado dejó de trabajar en la Casa de San Francisco de Asís hace tres años. Tampoco es la primera vez que se investiga al centro: el Juzgado de Instrucción 5 de Córdoba archivó el 26 de junio de 2007 otra denuncia por abusos.
La historia de esta investigación arranca en octubre de 2009, en la mesa del subdelegado del Gobierno en Córdoba. Un escrito anónimo alertaba de los abusos sexuales cometidos contra un interno. El supuesto agresor era Ángel C. U. P., un aspirante a entrar en la congregación que trabajaba en el centro cordobés. El subdelegado avisó a la fiscalía y a la policía. La Reina, que tenía previsto visitar el centro el 9 de octubre, suspendió la cita.
Cuando la policía acudió a la Casa de San Francisco de Asís, el supuesto abusador ya no estaba allí. Así, comenzó una búsqueda que culminó cuando los agentes dieron con él en uno de los centros Reto de Granada, una institución dedicada a la reinserción de toxicómanos. Lo detuvieron y confesó los presuntos abusos cometidos en agosto de 2009. La víctima era un interno con un 86% de discapacidad psíquica. Ingresó en prisión de forma preventiva y el juicio será en junio. La fiscalía pide seis años de cárcel. La congregación ha pagado ya 5.000 euros a la familia.
Cuando saltó aquel primer escándalo, algunos familiares de los internos se quejaron de que Manuel Ortiz, el religioso responsable del centro, no les facilitaba información y de que, a pesar de conocer los hechos, no había denunciado el caso.
Pero la atención sobre la Casa de San Francisco de Asís se fue diluyendo. Hasta hace un par de meses. A la policía le llegó otro largo anónimo. Y ya no se relataba un caso concreto. Era una sucesión de episodios de agresiones y abusos que implicaban al director del centro y a otros miembros de la institución.
La unidad adscrita de la Policía Judicial se hizo cargo de la investigación y, "a través de una persona vinculada a la institución", los agentes localizaron a cuatro personas dispuestas a hablar, según fuentes de la investigación. Cuando concluyeron sus pesquisas, el Juzgado de Instrucción número 6 se encargó de completarlas tomando declaración a los internos, que, al tratarse de discapacitados, sólo podían testificar con un perito y ante el juez. Finalmente, el miércoles 12 de mayo la magistrada decidió imputar a Manuel Ortiz y a otro miembro de la congregación. Y les impuso una orden de alejamiento de 500 metros que les impide también comunicarse con los internos. Contra el tercer imputado en esta segunda fase no se dictó esta medida al ser un ex trabajador.
"¿Por qué han tardado tanto? ¿Por qué lo cuentan ahora". Son las preguntas que uno de los agentes que han participado en la investigación se hace en voz alta. Los defensores de los religiosos sostienen que todo se debe a una venganza por problemas laborales. "Las motivaciones no nos interesan, sólo los hechos", se responde este mismo agente que ha sorteado el silencio en la Cruz Blanca de Córdoba.
Cronología de las investigaciones
- 7 de octubre de 2009. Llega a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba un primer escrito anónimo que alertaba de varios abusos sexuales en el centro de la Cruz Blanca de Sevilla. Se traslada el escrito a la fiscalía y a la policía, que inicia una investigación.
- 9 de octubre. La Reina, que tenía previsto visitar el centro, suspende la cita por la investigación abierta.
- 22 de octubre. La policía detiene a un aspirante a entrar en la congregación por los abusos cometidos contra uno de los internos discapacitados. Los agentes localizan a este trabajador en un centro para toxicómanos de Granada. El juez de instrucción decreta su ingreso en prisión provisional. En junio, se celebrará el juicio, pero la congregación ha pagado ya a la familia 5.000 euros por los daños morales.
- Diciembre. Las irregularidades saltan a otro centro de la Cruz Blanca en Sevilla. Los inspectores de la Junta de Andalucía denuncian ante la fiscalía varias infracciones. Se abre una investigación y el ministerio público denuncia a siete personas, dos de ellas miembros de la congregación, por supuestos malos tratos y trato denigrante contra los internos, también discapacitados. En este caso, no se detectan abusos sexuales. El asunto está ya judicializado.
- Marzo de 2010. A la policía le llegan nuevos escritos anónimos sobre la Cruz Blanca en Córdoba. Se abre una investigación judicial y, finalmente, el Juzgado de Instrucción número 6 imputa a tres personas por abusos y malos tratos contra los internos: el hermano que dirige el centro, otro religioso y un ex trabajador de la Casa de San Francisco de Asís, que había dejado el centro hace tres años. La juez dicta para los dos religiosos orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con los internos.
