La soledad de las víctimas y las cifras hinchadas
Los jueces han desestimado el 24% de las órdenes de protección solicitadas por mujeres desde el pasado agosto
Francisco y Ana se casaron hace 18 años y tienen cuatro hijos, pero de un tiempo a esta parte la relación empezó a deteriorarse, dormían en camas separadas y ella decidió separarse. El pasado 13 de abril por la mañana, la mujer entró en la habitación de él y le dio una carta para que su abogada negociara la ruptura. Él la rompió y cogió a la mujer por los brazos mientras discutían.
Ella acudió a una comisaría con su abogada, le denunció por malos tratos y pidió orden de alejamiento que la justicia le denegó. Hubo juicio rápido y la fiscal pidió siete meses de cárcel para él, pero un juez de Sabadell le ha absuelto porque no hay prueba de violencia contra la mujer. La sentencia recuerda que ella reconoce que no ha sufrido jamás una "amenaza directa". La pareja no se entiende, pero de ahí a denunciar al marido con "móviles espúreos" para conseguir una "posición ventajista" en la separación media un abismo, según el fallo.
Los grupos feministas estiman que sólo denuncia menos del 15% de las maltratadas
El caso ilustra la idea de las cifras hinchadas por denuncias de maltrato que expuso hace días la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, y que tanta polvareda ha levantado. Pero más allá de la polémica, la respuesta judicial a la violencia que sufren las mujeres se ha puesto sobre la mesa como nunca, con posiciones a favor de Sanahuja, básicamente de jueces y fiscales, y posturas en contra, compartidas por abogados, asociaciones de mujeres, Poder Judicial y representantes de las administraciones.
"La violencia doméstica es un fenómeno nuevo y todos hemos de mantener la cabeza fría para abordarlo en sus raíces con rigor. Si algún experto hace declaraciones, deberían estar basadas en cifras contrastadas", asegura Soledad Murillo, secretaria general para las Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y cifras fiables sobre el alcance de lo que nadie duda en calificar de "lacra social" existen bien pocas. Las estimaciones más compartidas por colectivos feministas son que en España puede haber dos millones de mujeres que sufren malos tratos físicos, como en Francia, y que las que presentan denuncia pueden oscilar entre el 10% y el 15%: la punta del iceberg.
Las cifras oficiales indican que desde que el 2 de agosto entró en vigor la reforma legal se han presentado 7.885 denuncias pidiendo órdenes de protección de supuestos agresores, y los jueces han desestimado el 24% de las peticiones.
Los jueces admiten que algunas de las peticiones de protección "son fruto de triquiñuelas de despachos de abogados" que aconsejan a clientes ir a la vía penal, conscientes de los graves retrasos de los juzgados de familia. "Pese a que hay una sensibilidad especial para concederlas, hay asuntos inadmisibles", confiesa un juez de instrucción de Madrid. "No hace mucho, vino una mujer a pedir una orden de protección frente al marido. Se comprobó que él está en prisión desde 2002; obviamente, la petición se rechazó".
La abogada matrimonialista y penalista Ester Omella explica que "hay casos en que creo que los jueces están excesivamente presionados y acaban acordando medidas de alejamiento por denuncias que en otro momento se hubiesen entendido como fruto de un conflicto propio de la separación". "A mí lo que me preocupa es la mujer que vive en una prisión en su propia casa, con dependencia económica y psicológica del marido y que es incapaz de acudir al juzgado", relata una juez de instrucción de Barcelona. "Y si denuncia, que es el primer paso, encontrará que el Estado no tiene una red de recursos para protegerla y reinsertarla laboral y socialmente", puntualiza. "¡Ése es el verdadero drama y el auténtico debate!". Es la soledad de las víctimas, expresión recogida en la memoria de la fiscalía de Cataluña de 2003 para referirse a esa realidad oculta.
Con todo, Murillo insiste en que "permanecer en casa aumenta el riesgo". "La estabilidad de la pareja no es el único valor. También lo es la ruptura". Por eso defiende la reforma legal de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá mayor celeridad en el divorcio. "Hay que reclamar el cumplimiento de los plazos civiles y evitar la demora actual, pero lo que me parece un peligro es convertir a la mujer víctima de malos tratos en simuladora", puntualiza María José Balda, representante del Consejo General de la Abogacía Española en la Comisión de Seguimiento de las Órdenes de Protección. "Lo que vemos cada dos por tres en los juzgados, y las abogadas lo explican, es que acuden al juicio penal por violencia doméstica teniendo señalada ya la vista civil de la separación para dentro de unos días. Y eso es una perversión del sistema", matiza la juez.
En los cinco primeros meses de 2004, los jueces de Madrid han recibido un 35% más de denuncias que en igual periodo de 2003, al pasar de las 1.927 registradas a las 2.956 contabilizadas en los primeros cinco meses de este año. En Barcelona, el número de denuncias por violencia doméstica se triplicó el año pasado (2.016 frente a las 609 de 2002).
Pedro Martínez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, opina: "Es una evidencia que los casos de violencia doméstica aumentan, en mayor proporción incluso que las penas. Esto nos debería hacer reflexionar sobre si vamos por buen camino. Pienso que no, que el derecho penal no es el mejor marco para regular las relaciones de familia y pareja. Debería apostarse por la asistencia social y el apoyo terapéutico y no sólo por la represión". Martínez sostiene que "son los psiquiatras, los asistentes sociales, quienes pueden ayudar a comprender y a resolver el conflicto emocional de fondo, del que emergen estas situaciones que el policía y el juez no pueden abarcar, ni por desgracia prevenir. Éstos deben intervenir, pero para adoptar las medidas judiciales propiamente dichas y no confundir su función con la de otros profesionales. La represión sin más, sin ninguno de estos complementos, genera más violencia".
Marisa Fernández, abogada matrimonialista, admite que puede haber denuncias falsas, "pero también las hay en el resto de delitos ". "En este caso, poner el énfasis sobre las mujeres resulta ofensivo y humillante para las víctimas. Hemos de evitar la ligereza en los comentarios".
Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, entiende que el que se denieguen órdenes de protección "no significa estar ante denuncias falsas; si se tiene constancia de una denuncia falsa, tiene que ser perseguible como delito". El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, recuerda que no contribuye a mitigar la conflictividad conyugal la situación de los juzgados de familia, que están "desbordados de trabajo". Debido a ello tardan hasta nueve meses en citar a las parejas para aplicar medidas provisionales. "Habría que crear otros seis juzgados más", señala el decano.
Un hombre falsamente acusado
El 5 de diciembre de 2003 se separaron oficialmente G. B. y S. L.. Tras la ruptura, G. B. confiesa que su ex mujer comenzó a acosarle y telefonearle. Ella se sentaba en un banco hasta altas horas de la madrugada frente a la casa de su ex marido o en el portal. También le escribía cartas para que recompusiesen el matrimonio. Pero ese cariño, al verse frustrado, se tornó en odio. Aunque al principio G.B. trató de mantener una relación cordial y preocupada por el estado anímico de S.L., los problemas aumentaron. A comienzos de 2004, ella le persiguió en coche por distintas calles de Madrid y chocó el vehículo contra el de su ex esposo. También se inventó, según fuentes jurídicas, una trama según la que su cuñada (hermana de su ex marido) pretendía asesinarla y sólo lo evitó la providencial intervención de los servicios secretos del CNI. La última treta de S.L. fue denunciarle por violencia doméstica. La mujer acudió a la policía y denunció que recibía llamadas telefónicas amenazantes de un hombre que podía ser su ex marido, aunque no estaba segura. Eso le llevó al banquillo: un juicio de faltas, pero al banquillo. El Juzgado de Instrucción número 8 celebró la vista. Pero ella no compareció. El abogado de la denunciante comentó al juez que retiraba los cargos, nada más comenzar la vista; el fiscal hizo lo mismo y el juicio terminó minutos después. Sobre la marcha, el juez dictó sentencia absolutoria, pero fue a los tres meses de haberse abierto el proceso. Ahora G. B ha puesto denuncia contra ella por falsa acusación. Lo habitual es que las denuncias falsas queden impunes. "Es muy difícil demostrar que haya habido intencionalidad o dolo cuando se interpone", dicen medios jurídicos.
Comas: "El debate es la futura ley"
La presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, considera que debe superarse la polémica suscitada por las declaraciones de la juez decana de Barcelona y que "el debate es bueno centrarlo a partir de ahora en las novedades que incorpora el anteproyecto de ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros" para erradicar los malos tratos a las mujeres.
Comas opina que se trata de un anteproyecto que tiene aspectos "criticables y mejorables", como el hecho de que el objeto sea proteger a las mujeres de la violencia ejercida sobre ellas y se olvide a los hijos e hijas menores. En su opinión, "el mayor acierto de la ley es que aborda el problema de una manera global y desde todos los ámbitos [educativo, de fomento de la igualdad, preventivo, de sensibilización y reinserción de las víctimas] y no sólo desde el judicial y el penal". Además, según la vocal del Poder Judicial, "la ley introduce una nueva forma de legislar al haberse aprobado con dotación presupuestaria".
Comas resaltó que otro de los aspectos a destacar del anteproyecto de ley es que plantea la necesidad de debatir el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los juzgados y los fiscales para mejorar la eficacia en el control y seguimiento de las órdenes de protección que dictan los jueces. La revisión de ese protocolo se someterá a aprobación de la comisión de seguimiento de las órdenes de protección el próximo jueves. Desde que entró en vigor la reforma, tres de las mujeres asesinadas en España por sus parejas tenían dictada una orden de protección.
