"No tenemos suficiente información sobre lo que implica la ley"

José Carlos Carballo, de 39 años, sufrió un ictus cerebral hace siete que lo dejó inmóvil en una silla de ruedas pero con una perfecta lucidez. Al principio sólo podía mover los párpados, con los que logró expresarse. Ahora mueve el cuello, varios músculos faciales y un dedo, gracias al cual puede escribir y comunicarse con el mundo. Come a través de una sonda, tiene un respirador artificial y necesita a alguien a su lado para cualquier actividad que implique moverse.

Vive en una residencia por la que paga 1.800 euros al mes y tiene una pensión de 2.000. "Apenas nos llega para las medicinas que no cubre la Seguridad Social, la rehabilitación, que es muy cara, y los gastos de taxi cada vez que vamos a cualquier sitio", explica su esposa, Puri Rodríguez, de 35 años, "porque tampoco va a estar confinado en la residencia". Al final tienen que usar el sueldo de ella para muchos gastos. Puri se queja de que en su ciudad, Valladolid, no haya una residencia pública.

No tienen muy claro en qué les va a ayudar la Ley de Dependencia. "No tenemos suficiente información", explica José Carlos por correo electrónico. Como gran dependiente, podría tener derecho a un asistente personal si decide dejar la residencia. "A mí me encantaría volver a casa", dice. "Sería mucho más agradable. Pero yo necesitaría no uno, sino dos asistentes, y no sé si eso lo cubre la ley". A pesar de todo, está expectante y considera que es un "gran avance".