Las tesis doctorales tendrán que hacerse en tres años

Hoy no hay límite de tiempo para hacer una tesis doctoral en España. La media, desde el inicio de los cursos hasta la entrega de la tesis, es de seis años. Con la nueva regulación que prepara el Ministerio de Educación, será obligado completar el doctorado en tres años, si se cursa a tiempo completo, o en cinco, si hace a tiempo parcial. Ambas opciones podrán tener hasta dos prórrogas (dos años para los de dedicación completa, tres, para los de dedicación parcial) que tendría que autorizar una comisión académica de la Universidad.

El real decreto que prepara el Ministerio de Educación, aún en fase de debate, completará la normativa de adaptación de los estudios universitarios españoles al espacio europeo de educación superior, conocido como el plan Bolonia. Los objetivos, aparte de intentar que no se eternice la elaboración de las tesis -"No tiene sentido presentar una tesis 20 años después de completado el periodo formativo", dice el vicerrector de Doctorado de la Complutense, Manuel Rodríguez-, son fomentar la internacionalización (por eso se valorará especialmente la movilidad), y la coordinación, para lo que se crean las escuelas de doctorado que deberán ir ligadas a la estrategia de investigación de cada universidad, explica Juan José Moreno, director general de Política Universitaria de Educación. Es decir, se trata de que las tesis no vayan cada una por su cuenta, sino que estén enfocadas en una dirección dentro de la estrategia global de las Universidades.

Las escuelas doctorales, recogidas en la ley de la Ciencia y explicitadas en este futuro real decreto, las podrán crear una o varias universidades, y podrán contar con la colaboración de institutos de investigación, hospitales o empresas de base tecnológica, españolas o internacionales, para que, además de potenciar cada universidad sus propias fortalezas, la investigación esté más ligada a las necesidades de cada entorno, y se fomenten las salidas laborales de los doctorados. "Este país necesita formar bien a las personas que pueden liderar el cambio de modelo económico. Ahora, solo el 15% de los doctores trabajan en el sector privado; tenemos que convencer a las empresas de que tienen que incorporar a más doctores", dice Moreno. El ministerio tiene previsto destinar nueve millones de euros de los presupuestos del próximo año para crear este tipo de escuelas.

Entre las dificultades del nuevo modelo están la de la financiación de estas enseñanzas, que también puede afectar a los objetivos de movilidad, y la reducción del número de años para completar las tesis, según las conclusiones del foro de expertos organizado el año pasado por la Agencia de Calidad de las Universidades (Aneca). Además, desde CC OO reclaman que quede más claro en la normativa que las escuelas de doctorado deben depender y estar controladas por universidades (sean públicas o privadas). El sindicato FETE-UGT decía en un comunicado del pasado mayo: "No tenemos nada claro que creando una estructura de este tipo los resultados finales sean mucho más eficaces [...]; es más, ya hay ejemplos de escuelas de doctorado y/o de posgrado que no han servido para una mayor calidad del doctorado, sí para un gasto más en estructura de cargos académicos y administrativa".

Aún no está claro qué modelo de escuela seguirá cada universidad. "Lo más probable es que las pequeñas tengan una sola escuela y las grandes varias, dividas por áreas de conocimiento, pero queremos debatirlo con las universidades; el próximo octubre organizaremos un congreso en Valencia para hacerlo", dice Moreno.

El director de esas escuelas deberá ser un investigador de reconocido prestigio. Para acceder al doctorado, con la adaptación a Bolonia, los alumnos ya tienen que tener antes un título oficial de máster. Estos pueden estar especialmente enfocados a la investigación o a la especialización profesional. Si se cursan estos últimos, lo más lógico es que durante el doctorado haya que hacer algunos cursos complementarios de investigación. Esta fórmula de acceso ya está en vigor.

Ahora, el esquema de los doctorados es más flexible en la organización formativa y la investigación, pero tienen que ser aprobados y luego regularmente revisados por el Gobierno a través de las agencias de evaluación. Según la futura norma, a cada doctorando se le asignará un tutor a su llegada al programa, y, a los seis meses, un director de tesis (que pueden coincidir o no). Cada investigador en formación tendrá un registro de actividades personalizado que se entregará al tribunal que valore su tesis.

Antes de que termine el primer año, el doctorando tendrá que presentar su plan de investigación que deberán aprobar tutor y director para poder continuar. Al final, deberá presentar la tesis sobre "una investigación original" a un tribunal en el que la mayoría de sus miembros debe ser de una universidad distinta de la que organiza el programa de doctorado. Solo habrá tres calificaciones posibles: no apto, apto y cum laude (se eliminan el bien y el notable).