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Reportaje:

¿En qué ventanilla desea perder la paciencia?

España es el país de la OCDE en el que más se tarda en abrir una sociedad, 47 días - El empresario tiene que perder tiempo en papeleo cuando su prioridad ahora es la financiación

Lluís Pellicer

De la idea a la empresa hay un arduo proceso. De maduración, de planificación y de hallar financiación, lo cual no es nada fácil en estos tiempos. Pero el emprendedor topa también con la maquinaria burocrática. Ese engranaje rígido que criticó burlescamente Franz Kafka, que se sorprendía de la resignación con que se enfrentaban a él los ciudadanos. El papeleo es uno de los males crónicos de las administraciones españolas. Abrir un negocio cuesta una media de 47 días y 10 procedimientos. Eso supone que el emprendedor español es el que realiza el mayor esfuerzo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿En qué ventanilla pierde la paciencia el emprendedor? ¿Cómo afecta a la economía?

En Nueva Zelanda se hace en un día gracias a una base de datos central
Sólo 4.390 firmas se deciden por la vía telemática, menos del 1% del total
La constitución de una sociedad se demora más si un socio es extranjero
El Gobierno trabaja para que los trámites se puedan hacer en 24 horas

Poner en marcha un negocio en Nueva Zelanda es muy simple, rápido y barato. Sólo se requiere un trámite, después del cual la empresa ya puede entrar en funcionamiento, y el Gobierno no exige un capital mínimo. Según el informe Doing Business del Banco Mundial, es el país donde es más sencillo. Y ello es posible, entre otros motivos, porque todos los organismos que intervienen en el proceso están conectados por una base de datos.

En la mayoría de los países de la OCDE este proceso dura entre 6 y 15 días. Pero incluso naciones como Singapur, Georgia, Albania, Afganistán o Camerún están por delante de España. Y el arranque de una empresa es uno de los criterios básicos para saber las facilidades o impedimentos que pone un Estado para hacer negocios en su territorio. De los 181 países analizados por el Banco Mundial, España ocupa el puesto 49 en la clasificación que señala dónde es más sencillo hacer tratos. Está por detrás de la mayoría de los países de la OCDE, pero también de otros del este de Europa que, según el estudio, se están esforzando en reformar sus leyes.

¿Cuál es el procedimiento para abrir una sociedad limitada? El primer paso es ir al Registro Mercantil Central para solicitar el nombre. Se trata de obtener un certificado negativo, que dé vía libre al empresario. Según las fuentes judiciales consultadas, este trámite puede durar unos cinco días, pero hay posibilidades de que la respuesta sea desfavorable. Luego el emprendedor debe realizar una aportación mínima de 3.000 euros -que puede ser no dineraria, sino a través de acciones o acti-vos- en una entidad financiera para obtener un certificado bancario. Se puede obtener en un día. El tercer paso es acudir al notario para otorgar la escritura y los estatutos sociales y, a continuación, hay que abonar el impuesto de operaciones societarias, el 1% del capital social.

Con estos trámites la empresa puede operar, lo cual no significa que haya acabado el proceso. Falta acudir al Registro Mercantil. "La empresa todavía no existe, pero con las escrituras firmadas por el notario ya se puede empezar. Eso sí, durante las dos o tres semanas que tarda el Registro Mercantil en dar el visto bueno a los documentos, los administradores son responsables de todas las acciones que efectúe la sociedad", afirma Jordi Adell, socio de Mercantil del despacho Baker & McKenzie.

Los 47 días son una media. Puede haber empresas que tarden una semana y otras en las que el trámite se convierta en un calvario. En España existe el proyecto Nueva Empresa, dirigido sobre todo a sociedades pequeñas, que canaliza el Centro de Información y Red de Creación de Empresas. Este mecanismo se basa sobre todo en tres piezas: el documento único electrónico, que sustituye a los 15 formularios que, de media, se rellenan a lo largo del proceso; los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación, una suerte de ventanillas únicas que asesoran e inician el procedimiento telemático, y el sistema informático del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que tramita los expedientes electrónicos.

El emprendedor sólo debe acudir a dos citas presencialmente para crear una sociedad limitada de nueva empresa, la fórmula específica creada para agilizar el proceso. Las ventajas son numerosas: la documentación es estándar, por lo que los registradores no deben examinar textos, y el tiempo se reduce hasta una media de 4,14 días.

Pero esta fórmula tiene inconvenientes. Para empezar, sólo se han acogido a ella 4.390 empresas, lo cual significa menos de un 1% de las sociedades limitadas constituidas en España. Las patronales ponen más pegas: los procedimientos siguen muy descentralizados entre muchos organismos, hay igualmente demasiados trámites burocráticos y, a su juicio, la tramitación telemática debería acompañarse de más incentivos fiscales.

En la última Conferencia Empresarial de la patronal CEOE del pasado mes de diciembre, el presidente de la organización, Gerardo Díaz Ferrán, trasladó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 10 medidas que considera claves para detener la destrucción de empleo. Dos de ellas tenían que ver con la burocracia. Díaz Ferrán recordó que CEOE "ha solicitado reiteradamente la disminución de las cargas administrativas" para mejorar la competitividad empresarial. Y acto seguido, afirmó que "España necesita emprendedores", y que para ello es necesario "reducir la burocracia para la creación de empresas" a través de ventanillas únicas que integren todos los trámites.

Con la transposición de la Directiva Europea de Servicios, el Gobierno pretende reducir las cargas administrativas en un 30%. Dentro del plan, el Ministerio de Industria, además, está trabajando en el Plan Empresa 24 Horas, para que el proceso de constitución de una sociedad limitada se reduzca a un día. Fuentes del ministerio explican que de momento se ha creado un grupo de trabajo que en marzo presentará una propuesta a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

David V. creó a través de Internet una empresa de ingeniería en Barcelona. No fue complicado, en dos días ya podía empezar. Lo peor llegó luego: le notificaron que tenía que ajustar los estatutos de la sociedad a la Ley de Sociedades Profesionales. "Empecé a hacerlo a principios de 2008 y hace dos días que he terminado. No es nada agradable para una empresa joven, que debería concentrar esfuerzos en el negocio", dice. "Fui al gestor y al abogado, al Registro Mercantil, al notario para firmar las escrituras, esperar la respuesta... Y luego no estaba bien, tuvimos que repetirlo todo", lamenta.

Hay un supuesto en el que la apertura de un negocio se eterniza. Y no es infrecuente. Si el empresario o uno de los socios es extranjero, el proceso se complica. Y si, además, reside fuera de España, ya pinta en bastos. Entonces, el emprendedor debe conseguir lo que se conoce como la "apostilla de La Haya". "Si el socio es extranjero, es necesario acreditar que existe. Y deberá otorgar los poderes a través de un notario, luego legalizarlo ante un tribunal para conseguir la apostilla y luego se deberá contratar a un traductor jurado", explica el socio abogado de Garrigues Sergio Sánchez. Además, explica, las personas físicas y jurídicas están obligadas a obtener un número de identificación fiscal (NIF) español.

Nada de esto le ocurrió, sin embargo, a Andrea de Angelis, un joven de 30 años que ha abierto tres empresas: una de diseño y una consultora de servicios en Suecia y una revista para jóvenes en Italia. ¿Dónde es más sencillo? "Suecia, al 100%. Es más fácil de entender qué se ha de hacer y las oficinas gubernamentales guían bien. Todo es muy transparente", explica. Tardó media hora en crear su empresa. "Hay una página web que está conectada con la oficina de impuestos y la agencia de empresas. Llenas la documentación, desde la denominación hasta lo que crees que ganarás, y pagas 80 euros por el nombre y el registro", asegura. Luego le llegó una carta: debía cambiar el nombre. Pero el proceso fue distinto que en España: aquí se hace esperar, y allí, no. La empresa italiana tardó más en ver la luz, porque, para empezar, un tribunal tuvo que darle el derecho para publicar, y tardó dos semanas.

Uno de los males de que se alargue el proceso son los costes. Esta vez España no es el peor dentro de la OCDE, aunque sí está en el furgón de cola. El Banco Mundial mide los costes relación con el ingreso per cápita. Y en España el gasto es del 14,9%, cuando en Dinamarca el coste es nulo y en países como Nueva Zelanda, Canadá, Australia, EE UU, Irlanda o Reino Unido es irrisorio. "España está sujeta a la tradición latina, que en la práctica se traduce en una carga fiscal indirecta por la burocracia. Se debe aportar mucha documentación. Se ha digitalizado todo bastante, pero si nos comparamos con los estados anglosajones, todavía estamos en el vagón de tercera", explica el socio responsable de Fusiones y Adquisiciones de Landwell-PricewaterhouseCoopers, David Ramírez. En su opinión, la comparación con estos países es complicada. "Allí dan importancia a lo que declaran las personas, se supone que es correcto. En los países latinos se tiende a tenerlo que certificar todo", sostiene.

¿Cómo eliminar estos costes? Las patronales proponen más incentivos fiscales para la tramitación telemática. Ahora pueden aplazar el pago de algunos tributos y se benefician de las cuentas ahorro, similares a las que se emplean para guardar dinero para comprar una vivienda. David Ramírez recuerda que las pequeñas y medianas empresas ya se benefician de la eliminación del impuesto de actividades económicas, pero agrega que el Gobierno podría suprimir el de operaciones societarias, del 1%. "Subsiste en muy pocos países, es algo anacrónico y se podría hacer algo al respecto", afirma.

"Los trámites podrían agilizarse con más medios. En Barcelona hay 18 registros y te toca uno por sorteo. Tardan unas dos o tres semanas en contestar, y la respuesta puede ser negativa. Habría que abrir la puerta a que haya competencia, como sucede con los notarios, que haya más y se pueda elegir, que tengan capacidad de inscribir pero no rechazar...", asegura Jordi Adell, quien recuerda que algunos países no disponen de Registro Mercantil. El profesor de Derecho Mercantil de Esade Juan Ignacio Sanz está de acuerdo con que algunos trámites se duplican o solapan. "Se podrían simplificar para obtener subvenciones y hacer el papeleo", explica.

El Banco Mundial ha realizado varios estudios que concluyen que recortar costes en la creación de empresas en un 80% permite incrementar la competitividad en un 22%, fomentar la incorporación de sociedades, reducir la economía sumergida, crear empleo y favorecer el crecimiento económico. Consejos que por lo menos habría que oír en tiempos de recesión. Con menos papeleo, el emprendedor podrá centrarse en otros procesos más complejos, en especial la obtención de financiación. Porque luego vendrán muchos más: el alquiler de un local, la obtención de una licencia de actividad... Para perder la paciencia.

La ventanilla única es una buena idea, pero su funcionamiento no se ha demostrado lo suficientemente eficaz.
La ventanilla única es una buena idea, pero su funcionamiento no se ha demostrado lo suficientemente eficaz.

Los pasos básicos

- Certificado del Registro Mercantil Central. Tarda entre tres y cinco días en autorizar el nombre de la sociedad.

- Certificado bancario de la aportación. Se ingresa en una cuenta bancaria el capital mínimo. Tarda entre uno y dos días.

- Redacción de los estatutos. Luego serán revisados por el Registro.

- Escritura de poderes si un socio es extranjero. Unas dos semanas.

- Escritura constitutiva de la sociedad ante notario.

- Impuesto de operaciones societarias. El tributo es del 1%.

- Registro Mercantil. Puede tardar entre dos y tres semanas. Su respuesta puede ser negativa, lo que retrasaría todo otras dos o tres semanas.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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