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Reportaje:

A este juez no le gusta el 'top less' ni que los gays adopten

El magistrado que impide a dos lesbianas ser madres mandó detener a dos nudistas en 1987

Mónica Ceberio Belaza

No es la primera vez. El juez de Murcia que frena la adopción de una niña a una pareja de lesbianas ya tuvo problemas en otra ocasión para elegir entre su conciencia y la ley. También en ese momento optó, ante la duda, por aplicar su propia moral. Hace 20 años, en su primer destino como juez en Chiclana (Cádiz), Fernando Ferrín Calamita mandó detener en la playa a una chica en top less y a otra desnuda porque se sintió "faltado al respeto" al verlas. Era 1987 y él tenía 29 años. El gobernador civil había autorizado el top less dos años antes, pero eso no fue un obstáculo para que él, al ver en la playa a las desvergonzadas sin ropa, llamara a la policía municipal.

Primero las conminó a que cubrieran sus vergüenzas, como ciudadano y como juez -en chándal en ese momento- pero ellas se resistieron. Podían hacer top less si les daba la gana, según las normas. Pero su señoría no lo veía así. Cuando la Policía Municipal y la Guardia Civil llegaron a la zona de dunas en la que discutían sobre la desnudez, ordenó la detención. Las dos mujeres fueron después absueltas de una falta de escándalo público por otro magistrado. Pero aquellas chicas, que no habían hecho nada ilegal, pasaron tres días en un calabozo porque un juez religioso que leía por la noche la Biblia y el Camino, de José María Escrivá de Balaguer, se había escandalizado. Ahora, 20 años más tarde, Candela, una pequeña de 15 meses, no puede tener dos progenitores. Quizá el juez se ha vuelto a escandalizar.

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En este caso, la norma que le da quebraderos de cabeza es la que equipara los matrimonios heterosexuales con los homosexuales, de julio de 2005. La equiparación de derechos vale también para las adopciones, pero el matrimonio formado por Vanesa de las Heras y Susana Meseguer lleva esperando más de un año a que Ferrín autorice la adopción de la hija de Susana -nacida por inseminación artificial- por parte de Vanesa. Sin éxito hasta el momento.

El juez, que escribe en cursiva las palabras "matrimonio" y "cónyuge" cuando se refiere a esta pareja, ha puesto multitud de trabas. Ha designado a la Dirección General de Familia de Murcia como defensora judicial de la niña -porque entiende que la madre es "parte interesada" en la adopción y no vela por los derechos de su hija- y exige que "todos" los psicólogos de la entidad opinen sobre la conveniencia de que la pequeña tenga dos madres. Si no le responden, amenaza con llamarlos a declarar. Si el matrimonio fuera heterosexual, el nombramiento de un defensor judicial sería insólito.

"¿No es un derecho del menor el de ser insertado en una familia "normal", compuesta por dos personas de distinto sexo y que, por ello, son complementarias entre sí, lo que no ocurre en el caso contrario?", se pregunta el magistrado al más puro estilo Aquilino Polaino, el catedrático que sostiene que la homosexualidad es una psicopatología y que las parejas de gays no deben criar niños. "¿Es irrelevante, desde el punto de vista de la supremacía del interés del menor, que los progenitores, biológico o adoptivo, con quienes aquél diariamente convive, sean o no del mismo sexo? ¿No es alta la probabilidad, por ejemplo, de que sea homosexual imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?", continúa Ferrín.

Mientras tanto, entre trámite y trámite, el tiempo pasa y la pequeña Candela legalmente sólo tiene una madre. Si algo le pasara a ésta, la niña se quedaría desprotegida y sin familia oficial a pesar de que desde su nacimiento ha sido querida y cuidada por dos personas.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia va a investigar lo sucedido. Su presidente, Juan Martínez Moya, anunció ayer la apertura de un expediente para "verificar los hechos, por si pudieran constituir algún ilícito disciplinario". Este periódico no logró ayer localizar a Fernando Ferrín, que no parece estar de acuerdo con Montesquieu en que los jueces deben limitarse a ser la boca que pronuncia las palabras de la ley.

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Sobre la firma

Mónica Ceberio Belaza
Reportera y coordinadora de proyectos especiales. Ex directora adjunta de EL PAÍS. Especializada en temas sociales, contó en exclusiva los encuentros entre presos de ETA y sus víctimas. Premio Ortega y Gasset 2014 por 'En la calle, una historia de desahucios' y del Ministerio de Igualdad en 2009 por la serie sobre trata ‘La esclavitud invisible’.

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