El Tribunal Constitucional alemán ha declarado nula la ley de almacenamiento de datos de telecomunicaciones para la persecución de delitos y crímenes, así como para la prevención de acciones terroristas. El más alto tribunal alemán ha dado de esta manera la razón a los más de 35.000 denunciantes de dicha ley, casi todos personas privadas, en el mayor recurso presentado en la historia del Constitucional contra una decisión del legislativo. Los magistrados consideran que los datos almacenados deben borrarse inmediatamente.

La ley en vigor desde 2008 contempla el almacenamiento durante seis meses de todos los datos de conexión de las comunicaciones telefónicas, de correos electrónicos y de navegación por internet, así como los de localización espacial de los usuarios de teléfonos móviles. Los jueces del tribunal con sede en Karlsruhe afirman que la ley viola flagrantemente el derecho al secreto de las telecomunicaciones, así como el principio de proporcionalidad. Igualmente consideraron en su sentencia que la seguridad en el almacenamiento de dichos datos es insuficiente, que no se concreta el uso final de dichos datos y que la ley no es suficientemente transparente.

La sentencia del tribunal Constitucional Alemán no descarta absolutamente la posibilidad de almacenar ese tipo de datos por motivos de seguridad, ni cuestiona una directriz de la Unión Europea (UE) en la que se basaba la ley anulada. Sin embargo, el veredicto de los jueces germanos establece que el almacenamiento de datos de las telecomunicaciones como figura en la ley anulada "supone una grave intervención con un alcance como el orden legal no conocía hasta ahora". Por ese motivo, una intervención de ese tipo debe estar ligada a condiciones severas que no contempla la ley.

Contra la ley se habían mostrado los partidos menores de la oposición, verdes y La Izquierda, pero también el gubernamental Partido Liberal (FDP) de la actual ministra de Justicia, Sabine Lutheusser-Schnarrenberger, en la oposición cuando fue aprobada. En defensa de la ley anulada había salido poco antes de conocerse la sentencia el portavoz de la comisión de Interior del Parlamento, el cristianodemócrata Wolfgang Bosbach, quien subrayó la importancia de la polémica normativa en la lucha contra el terrorismo. El crimen a través de las telecomunicaciones "no deja huellas dactilares, ni de ADN", dijo Bosbach, correligionario de la canciller federal, Angela Merkel, y aseguró que sin la polémica ley "habrá muchos delitos y crímenes que no podrán impedirse o ser aclarados". Mientras que la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel se mostró decepcionada con la sentencia, el júbilo fue amplio entre otras formaciones políticas.

El vicecanciller y ministro de Exteriores, el liberal Guido Westerwelle, afirmó que la sentencia del Constitucional demuestra que merece la pena luchar por los derechos de los ciudadanos. "Es un día estupendo para los derechos y libertades fundamentales", dijo su correligionaria y ministra de Justicia, quien celebró que el TC se haya pronunciado con palabras tan "tajantes" contra una violación tan "flagrante" de los derechos. A juicio de Leutheusser-Schnarrenberger, la sentencia es especialmente importante porque pone también coto a otros proyectos europeos que limitan los derechos, como, por ejemplo, el de almacenar los datos de pasajeros.

El portavoz de uno de los colectivos demandantes ha dicho que llevará la protesta a otros países europeos, en los que también se ha aplicado la normativa europea.

Ley española La ley española obliga a conservar los datos de tráfico de las comunicaciones, no los contenidos, durante doce meses, aunque la ley autoriza a ampliar o acortar el plazo reglamentariamente hasta un máximo de dos años y un mínimo de seis meses en consideración a los gastos de almacenamiento y los fines de la investigación.