EE UU evalúa el modelo español de protección al internauta

El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) visitó esta semana Estados Unidos justo cuando España se encuentra en el centro de un debate internacional que afecta tanto a la industria privada como a la administración pública norteamericana: ¿Tiene derecho un Gobierno a eliminar contenido de un buscador porque vulnera el derecho a la intimidad o al honor de un ciudadano? Legisladores y empresarios de EE UU, el país en el que tienen su sede los gigantes de la Red, dicen que si pudiera hacerlo incurriría en censura. En España, sin embargo, se defiende enérgicamente el derecho del ciudadano a decidir cuando quiere que su nombre quede libre de insultos y usos ilegítimos en la Red.

Desde que ocupó su cargo en 2007, Artemi Rallo se ha convertido en embajador no oficial de un efectivo modelo de protección al internauta, largamente experimentado en España y totalmente desconocido para EE UU. Esta semana conversó con representantes de las comisiones federales de Comercio y de Telecomunicaciones y del Departamento de Comercio, unas instancias que, bajo el mandato del presidente Barack Obama, buscan un equilibrio entre la protección a las empresas de Internet para publicar contenido de forma libre y el amparo a los internautas para que puedan preservar su derecho al olvido y a la privacidad online.

"En EE UU hay una libertad de expresión fuertemente protegida en la constitución", explica Rallo. "Y existen diferencias culturales y jurídicas respecto al modelo español. Por ejemplo, cuando Google implantó el servicio se Street View [mapas de las calles de las ciudades confeccionados con fotografías] no hubo más que algunos problemas puntuales en EE UU. En España, como en otros países europeos, Google acudió a todas las autoridades posibles para avisar del producto y prever posibles problemas de privacidad. Puede decirse que esas empresas norteamericanas van adaptándose poco a poco a la cultura que prima en España y en Europa, de protección y mayores garantías al ciudadano".

No existe aquí en EE UU ninguna agencia dependiente del Ejecutivo que vele por el derecho a la privacidad de los internautas, como la AEPD. Y mucho menos, cuando la agencia que lidera Rallo es una de las pocas del mundo que tiene capacidad punitiva. El problema surge cuando las empresas que lideran Internet, radicadas en EE UU, se tienen que enfrentar a legislaciones que protegen más al internauta que la norteamericana. "Más allá del discurso de la cultura empresarial norteamericana, esas empresas deben darse cuenta de que hay una realidad jurídica en España, y en el resto de Europa, que deben respetar. No se trata de decisiones aleatorias, es un marco legislativo distinto", explica.

Esos casos desorientan a empresas como Google. El lunes, el periódico The Wall Street llevaba a una de sus portadas la inquietud del mayor buscador de la Red en España por 80 casos que la AEPD ha llevado a los tribunales. Quiere esa agencia que Google borre de sus páginas diversos resultados que considera que vulneran el derecho al olvido de otros tantos ciudadanos. Los cinco primeros llegaron a la Audiencia Nacional, que dio a Google y la AEPD un plazo de 15 días, que venció esta semana, para que presenten alegaciones a favor o en contra de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Precisamente una disputa entre el Gobierno español y Google puede llevar a una decisión definitiva por parte de las instancias europeas de qué es el derecho al olvido y cómo se aplica.

Ya acusó Google a España de censura hace un año, ante las máximas instancias legislativas de EE UU, el Senado y la Cámara de Representantes. Criticaron en concreto la decisión de un juzgado de suprimir una serie de páginas que llamaban al boicot de productos catalanes dentro de la red de blogs Blogger, propiedad de Google. Aquello provocó que la empresas equiparara a España con países que censuran por motivos políticos como Siria, Irán o China. Entonces los portavoces de la empresa en España tildaron esa lista de error, pero nadie se desdijo en la sede de Google aquí en Washington.