La OSCE reivindica el acceso a Internet como un derecho

La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que agrupa más de cincuenta países, ha publicado un informe sobre la libertad de expresión en Internet donde expone severas críticas a la políticas que suponen el corte del acceso a Internet a un ciudadano y el bloqueo de sitios web. El texto, que documenta las prácticas existentes en diferentes países (cita la ley Hadopi, en Francia, y la ley Sinde, en España), considera que se está imponiendo la medida de bloquear el acceso a un sitio cuando las autoridades no pueden exigir cambios en sus contenidos ya que el mismo se alberga en un tercer país. "En algunos países, las autoridades van más lejos y desarrollan medidas que restringen el acceso de los ciudadanos a Internet". Esta tendencia al bloqueo de los accesos se detecta en relación con políticas que pretenden combatir las infracciones en la propiedad intelectual.

"Ante el limitado efecto de las leyes nacionales y la falta de armonización legislativa internacional, varios países, incluídos miembros de la OSCE, introducen políticas de bloqueo al acceso de contenidos en Internet y plataformas web 2.0 que están sometidas a jurisdicciones extranjeras". El informe asegura que estas políticas, con la intención legítima de combatir actividades ilegales o proteger a sus ciudadanos de contenidos dañinos pueden tener un alcance que afecte negativamente a la libre circulación de información y a la libertad de expresión. El texto recuerda que leyes recientes han levantado enorme controversia en algunos países. La OSCE cita expresamente aquellas leyes, como la francesa, que imponen el corte de la conexión a Internet tras tres avisos y lo considera una respuesta "desproporcionada" e incompatible con la democracia y los compromisos de defender la libertad de los miembros de la organización.

El informe sostiene que el derecho a la libertad de expresión tiene sus limitaciones pero éstas deben ser definidas de forma clara y restrictiva por parte de las leyes de cada Estado. Por este motivo, el bloqueo de sitios debería contemplarse como una medida extrema por su impacto en la libertad de expresión y no debería contemplarse como una solución o sanción permanente y, en cualquier caso, debe ser producto de una resolución judicial.