El Parlamento europeo avala la política de los estados que han decidido combatir las descargas ilegales de P2P cortando el acceso a Internet de quienes considere culpables de ello. En el debate sobre el paquete de medidas reguladoras de las telecomunicaciones ha caído la enmienda 138, largamente defendida por las asociaciones de internautas, que impedía que las autoridades pudieran cortar la conexión sin permiso judicial.

El Parlamento europeo se había opuesto inicialmente a iniciativas como las del Gobierno francés al considerar el acceso a Internet como un derecho humano. En este sentido se redactó la enmienda 138 que establecía que cualquier medida que restrinja derechos fundamentales o libertades "debe tomarse en circunstancias excepcionales" y obligaba a una intervención judicial. Al decaer esta enmienda, el parlamento acepta que las autoridades administrativas de cualquier país puedan cortar el acceso a Internet de un usuario acusado de acumular descargas ilegales.

La Quadrature du Net, uno de los sitios que ha encabezado la defensa de esta enmienda, escribe en sus páginas que "con este repliegue, el Parlamento europeo ha asumido la idea errónea de que, en virtud de los tratados, no tiene ningún poder para proteger los derechos ciudadanos".