La Asamblea Nacional de Venezuela ha sancionado la Ley para la prohibición de Videojuegos y Juguetes Bélicos que establece penas de prisión de tres a cinco años para aquellos que vendan, importen, fabriquen o alquilen estos productos. Además se insta a los que ya posean alguno de estos juegos a que los destruyan.

Para que un videojuego o juguete pueda ser considerado violento debe cumplir alguno de estos dos requisitos: que sea una recreación que desarrolle capacidades que repercutirán en las futuras actuaciones de los menores o juguetes que sean réplicas de armas de fuego, armas blancas, contundentes o arrojadoras de puños.

El segundo vicepresidente, José Albornoz, uno de los precursores de la ley, explicó que no existía hasta ese momento control sobre las armas de juguetes, que pueden ser usadas por los delincuentes dado su parecido con armas reales. "La violencia no es problema coyuntural sino estructural y entendemos que los elementos clave en los que se sustenta la sociedad son la Iglesia, la familia y la educación. Son éstos los que deben crear conciencia además de contar con las acciones represivas de los órganos de seguridad."

La ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en la Gaceta Oficial, equivalente al BOE español. Los comerciantes tendrán ese tiempo para deshacerse del material considerado violento. El diputado socialdemócrata Arcadio Montiel declaró que aunque estaba de acuerdo con la ley, porque castigaba a las grandes corporaciones, pedía que el Estado pagase indemnizaciones a "esta gente humilde que invirtió en la compra de estos productos sin mala intención".

Esta ley se enmarca en los artículos 43 y 46 de la constitución venezolana y en la concepción de la 'cultura de la no violencia', por la cual los docentes y los medios de comunicación ya sean públicos o privados deben implementar programas de información sobre la peligrosidad y efectos de los videojuegos y juguetes de carácter bélico.