El anuncio de que el Gobierno italiano prepara un decreto urgente sobre Internet y el aviso del ministro del Interior de aquel país de que esta medida afectará a una "zona sensible, como la libertad de expresión en la web y de manifestación", ha desatado la preocupación de la prensa italiana.

Las principales cabeceras sostienen que para combatir los delitos en Internet basta el código penal vigente. El debate se produce después de que la agresión a Berlusconi haya suscitado una polémica en la Red entre grupos que apoyan o critican al agresor. El ministro del Interior considera que es necesario "encontrar un equilibrio entre la libertad de manifestación del propio pensamiento en campaña electoral y la de manifestar la propia crítica".

En el Corriere, Beppe Severgnini, recuerda que Internet no ha sido ni la causa ni el instrumento de la agresión contra Berlusconi, "Ha estado el escenario de las consecuencias", pero el articulista está convencido de que muchos de los que acusan a Twitter o Facebook nunca han entrado en una red social. Severgnini teme que el famoso decreto entre, por ejemplo, en la prohibición del anonimato en Internet o pretenda el cierre de sitios extremistas sin que sepamos qué quiere decir "extremista".

Francesco Costa, en Unità, combate también que el decreto quiera penalizar el anonimato en Internet y recuerda que los grupos que apoyan al agresor de Berlusconi están registrados con su nombre en las redes sociales. La difamación, la apología de la violencia que se cometa en Internet son perseguibles gracias a las leyes vigentes, recuerda el articulista, que alerta sobre leyes que puedan ser parangonables como las que rigen en dictaduras como Corea del Norte.

Ana Masera, en La Stampa, también advierte que el diseño de esta ley italiana puede acercarse a los sistemas de China o Cuba y lamenta que Internet vaya a ser el chivo expiatorio del gesto de un desequilibrado. La autora alerta a los defensores de la libertad de expresión de la existencia de un mundo antiinternet en la política y de una época fértil para reprimir la libertad de expresión