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Tres sociedades de gestión se unen y critican el "daño" que les ha hecho la SGAE

IBAU se presenta como una forma más transparente de gestionar el canon digital

Tres entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual audiovisual (AISGE, EGEDA y DAMA) han presentado en Madrid su fusión en Ibercopia Audiovisual (IBAU), una entidad conjunta que busca "clarificar y simplificar" la gestión de estos derechos después del "daño" que la SGAE ha causado a su imagen. "SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) nos ha hecho mucho daño", ha dicho el director general de Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), Abel Martín, durante la presentación de IBAU en la Asociación de la Prensa de Madrid.

"A veces se le acusa de cosas injustas, pero la imagen que está cosechando nos perjudica a las demás entidades porque nos prejuzgan". "Según mi opinión personal, creo que sus actividades sobrepasan el sentido de una entidad de gestión". Martín consideró que el debate abierto sobre el canon digital aplicado a la copia privada "lo ha sacado la industria aprovechando la mala imagen que tiene la SGAE" y, por ello, en la presentación de IBAU han apuntado a los fabricantes de soportes digitales como "deudores" de dicho canon y no los usuarios.

Así, IBAU se anuncia como "la forma más eficaz y transparente de gestionar la remuneración por copia privada", con especial atención a "aumentar el diálogo con la industria tecnológica" y atendiendo a las recomendaciones del informe de la Agencia de Evaluación y Calidad. En su anunciada intención de "sumar esfuerzos para luchar contra el fraude", los miembros de IBAU reconocen que si el usuario tiene que pagar el canon es porque la industria repercute en sus precios lo que a ellos les corresponde pagar por ley.

"No hay nada gratis. Igual que una Coca Cola lleva incluído el precio de lo que cuesta su anuncio en televisión", resumió Marín. El canon (0,17 para CDs y 0,44 para DVDs) responde a la compensación al titular que cede sus derechos para que los particulares puedan realizar libremente copias para uso privado, no lucrativo y, en consecuencia, legal. En 2009 se facturaron en España 100,2 millones de euros por el canon digital. "Teniendo en cuenta que se descargan 400 millones de títulos, las pérdidas no están compensadas", asegura Sánchez, que ha apoyado la presentación con el punto de vista jurídico del catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Marín, y la consultora especializada en análisis económico Patricia Lorenzo. Y mientras la Ley de Propiedad Intelectual se encuentra en plena tramitación parlamentaria, solicitan que el Gobierno precise los términos que atañen al concepto de "copia privada".

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