Un tribunal de Estados Unidos ha sentenciado que la policía no necesita una orden judicial para rastrear la localización de teléfonos móviles de sospechosos. La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe a las agencias gubernamentales dirigir búsquedas no razonables. Las organizaciones de derechos civiles del país, sin embargo, han destacado que la sentencia no rechaza que un juez pueda exigir la obtención de una autorización y que esta opción puede ser empleada ampliamente. Un representante de Electronic Frontier ha declarado a Cnet que la cuestión todavía está abierta.

El caso se abrió cuando una juez prohibió al departamento de Justicia obtener la localización de un teléfono móvil sin permiso judicial y que las autoridades debían alegar la causa de su petición. La administración ha defendido que no se vulnera la Constitución cuando un operador es requerido para que suministre datos de tráfico de los móviles. La decisión de la juez se opuso a una petición de una agencia gubernamental que alegaba que necesitaba estos datos porque los delicuentes empleaban el móvil para cerrar transacciones en su actividad de tráfico de drogas.