Los trámites burocráticos por Internet, un derecho en 2008
La ley de acceso a la 'e-Administración' inicia su tramitación
El ciudadano tendrá derecho a usar Internet, el teléfono móvil y la televisión para hacer sus gestiones burocráticas con la Administración con la misma validez que en la ventanilla de la oficina presencial. El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al proyecto de ley que regulará la e-Administración, que entrará en vigor en 2008 para la central y 2010 para la autonómica y local.
La normativa, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, reconoce el derecho de los ciudadanos, profesionales y empresas a relacionarse con sus administradores por medios electrónicos y, por lo tanto, convierte en obligación de los gestores públicos ofrecer estos servicios las 24 horas del día durante todo el año.
La entrada en vigor será en 2008 para la administración central y 2010 para la autonómica y local, si el Congreso aprueba la ley en los plazos previstos.
Internet, móvil, televisión o cualquier medio electrónico que venga en el futuro servirá para que los ciudadanos puedan pedir información, realizar consultas, formular solicitudes, pagar impuestos u oponerse a resoluciones de la administración. Las gestiones burocráticas tendrán el mismo valor legal que el papel. Para ello se crea el registro electrónico que servirá para enviar la documentación necesaria. Por ejemplo, los planos en un permiso de obra.
El catálogo de derechos incluye, entre otros, el de seguir la pista del expediente realizado (consultar el estado de la tramitación) y el no tener que entregar documentos que ya están en poder de otra administración, garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos mediante el eDNI y otros certificados electrónicos reconocidos.
Las tres (estatal, autonómica y local) estarán obligadas a facilitar aquello que el ciudadano les pida, independientemente de quién sea competente, de forma que no se tengan que presentar papeles cuando éstos ya estén en poder de alguna de las tres administraciones, siempre que el ciudadano de su consentimiento previo.
El proyecto elimina la figura del defensor del usuario (que estaba en el borrador anterior) pero mantiene la sede web oficial, cuyos contenidos tendrán la misma validez legal que los publicados en los tablones de las sedes y los boletines oficiales. Además, añade la obligación de aceptar las solicitudes en los idiomas oficiales del Estado.
Su aprobación supondrá un ahorro de 300 euros anuales, según María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno.
España se añade así al club de países como Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia que ya tienen una normativa similar, a pesar de que ofrece los mismos servicios por Internet que ofrecía en 2004 (un 55% de los básicos), según un informe de la Comisión Europea.
