"Merecemos estar bien gobernados"
Desde hace casi siete años, la única acusación constante en el caso Fabra ha sido la ejercida por la Unión de Consumidores (UCE). Pasaron uno, dos, tres y hasta cuatro fiscales que tuvieron que reaprenderse las voluminosas diligencias. Después, se incorporó la Abogacía del Estado al detectarse la posible comisión de un fraude fiscal. Todos ellos han visto cómo hasta nueve jueces se hacían cargo de un caso contra el presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP provincial, Carlos Fabra, imputado por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales.
Los letrados de la UCE, junto a algunos de las defensas, han sido los únicos que han visto cómo frente a los juzgados de Nules, donde se ha instruido el caso, los huertos han pasado a convertirse en adosados habitados. "La justicia es muy lenta y no tiene sentido que cualquier reclamación tarde años en resolverse", apunta la secretaria general de la UCE valenciana, Isabel Dolz. "La gente no entiende las tardanzas, pierde la esperanza y las ganas de denunciar", añade. Ahora, después de más de seis años, cuando parece verse cerca el final y aunque todavía no hay fecha para que se celebre el juicio, la UCE tiene ganas "de que se acabe cuanto antes".
Fabra ha declarado que le ha tocado la lotería nueve veces entre 1999 y 2003
La asociación se personó apelando a sus propios estatutos y a la Ley de Defensa de los Consumidores, que dice que las asociaciones de consumidores y usuarios tendrán como finalidad la defensa de los intereses de carácter general. "Nosotros estamos aquí para que las injusticias se puedan solucionar y, en muchas ocasiones, solo podemos hacerlo con la ayuda de la Administración de Justicia". "Los ciudadanos tienen derecho a estar bien gobernados, tanto política como administrativamente", afirma Dolz.
Aunque hoy la asociación está de actualidad por su personación en este caso, no es la primera vez que el colectivo interviene en una causa judicial de calado. Con responsables políticos de todos los colores, la UCE peleó en el caso del aceite de colza, contra el catastrazo en Valencia, en el caso del contagio masivo de la hepatitis C... "Los casos grandes siempre hacen que el nombre de la organización se conozca y haya a quien le parezca bien y a quien no", explica para insistir en la defensa del interés general y en que "nosotros solos, sin la justicia, no podemos hacer nada". "Y para que se cumpla la ley, en muchos casos, hay que llegar a la vía judicial", matiza.
Carlos Fabra fue denunciado por un, hasta entonces, amigo suyo, Vicente Vilar. La amistad se rompió en el momento en el que Fabra se puso del lado de la esposa de Vilar, cuando esta denunció al empresario por agresión sexual. La cuestión personal trascendió y se convirtió en uno de los casos más sonados de corrupción de la Comunidad Valenciana. Vilar aportó documentos, facturas y una retahíla de encuentros memorizados con los que respaldó su afirmación de que Fabra había mediado ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura con la intención de tratar de agilizar licencias para la fabricación de productos fitosanitarios. Y que había cobrado por ello. Eran tiempos de estrecha relación y las esposas de ambos llegaron a ser socias en una mercantil que pretendía comercializar, precisamente, algunos de los productos autorizados. Pero llegó el desencuentro y pasaron a ser enemigos judiciales.
La investigación por el supuesto tráfico de influencias y el cohecho provocó una investigación también tributaria, por lo que el juzgado mandó que dos peritos, inspectores de Hacienda, analizaran las cuentas y el patrimonio de Fabra. En el informe de conclusiones dijeron haber encontrado, en las cuentas del dirigente del PP y de su esposa, ingresos no justificados por valor de 3,7 millones de euros. Entre los que sí tenían origen conocido se encontraban nueve premios de lotería. Los peritos destaparon así la posible comisión de hasta nueve delitos fiscales, por haber dejado de ingresar más de 1,4 millones de euros a Hacienda, entre 1999 y 2003.
Las penas de cárcel que ha reclamado la acusación popular, representada por la UCE, son muy semejantes a las solicitadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado. Sin embargo, la organización sí reclama un mayor castigo por el fraude fiscal y pide que Carlos Fabra pague una multa de la cantidad defraudada multiplicada por seis.
